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Medidas cautelares ¿Para qué?

El asesinato de Berta Cáceres ocurrido en marzo de este año, estremeció a la comunidad internacional, y es que la lideresa del pueblo indígena lenca y coordinadora general del Consejo Indígena de Organizaciones Populares de Honduras (COPINH) siempre jugó un importante rol en defensa de los derechos de posesión y propiedad de los indígenas sobre la tierra y los recursos naturales en Honduras. Su lucha coherente, fue reconocida a nivel mundial y por ello en el año 2015, había sido condecorada con el reconocido premio ambiental Goldman.

Es oportuno también recordar que Berta condujo de forma beligerante, la resistencia indígena contra el golpe de Estado de 2009, que derrocó al ex presidente Manuel Zelaya Rosales. La enérgica oposición que ejerció frente al golpe, fue motivo suficiente para que sufriera de hostigamiento militar. Según consta en los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fuerzas militares rondaban la casa de Cáceres y por ellos un día después del golpe bajo la medida MC 196/09 del 29 de junio de 2009, la CIDH le otorgó medidas cautelares.

El hostigamiento y otros actos de violencia fueron incrementando a medida que Berta se vinculaba a la oposición de la construcción del proyecto hidroeléctrico conocido como “Agua Zarca”, debido a que tal proyecto se pretende construir en territorio lenca, afectando en consecuencia el derecho a la tierra y al medio ambiente de las comunidades indígenas que viven cerca del río Gualcarque. Tanto el 21 de octubre, como el 8 de diciembre de 2015, la CIDH realizó llamados de atención y emitió comunicados dirigidos al Estado de Honduras, a fin que de que frente a la situación de riesgo en que Berta se encontraba, el Estado informase sobre las medidas de protección e investigación que realizaba para investigar los actos de violencia en su contra.

¿Qué son las medidas cautelares?

Las medidas cautelares, son medidas de tipo excepcional que buscan proteger a personas o grupo de personas cuando se encuentran en un inminente riesgo.  Es decir, buscan proteger de posibles daños irreparables en situaciones de gravedad y urgencia.  Su fundamento convencional se encuentra recogido en el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y en el Reglamento de la CIDH en el artículo 25.

De las medidas cautelares se puede decir mucho, desde que estuvieron en el centro del huracán durante el reciente proceso de reforma que sufrieron los órganos del Sistema Interamericano, en el cual varios Estados del hemisferio buscaban mermar su objetivo y fin, es decir, ser medidas excepciones de carácter urgente; hasta que uno de los mecanismos más activos y utilizados ante un inminente daño irreparable, en situaciones de gravedad y urgencia.

Defensores de derechos humanos y medidas cautelares, un binomio imperfecto

Desde hace más de tres décadas, cientos de defensores de derechos humanos se han avocado a usar este mecanismo, cuando los elementos de irreparabilidad, urgencia y gravedad se configuran.  No sólo por su celeridad, en comparación con el sistema de procesamiento de casos y peticiones individuales, sino además, como ya lo ha establecido la CIDH las mismas buscan “tutelar” en el sentido de preservar el ejercicio de los derechos humanos fundamentales consagrados en las normas del Sistema Interamericano, evitando daños irreparables a las personas.

Sin embargo, el caso de particular de Berta Cáceres permite cuestionar si realmente están siendo efectivas las medidas cautelares, para proteger de situaciones de riesgo a quienes promueven derechos humanos en la región. Tal como se mencionó con anterioridad Berta era una reconocida defensora de derechos humanos, no obstante y pese a ser beneficiaria de las mismas, fue asesinada, cuando sujetos desconocidos irrumpieron en su vivienda, disparándole a quemarropa.

Un hecho que llama la atención es que, a finales de febrero, el COPINH, inició una jornada de resistencia civil en contra del proyecto eléctrico “Agua Zarca”. En dicha jornada miembros de COPINH fueron agredidos.  Posterior a este hecho, Berta denunció el asesinato de cuatro COPINES como se les suele llamar a los miembros de dicha organización.  Esto, hace pensar que el asesinato de Berta se debe a tales denuncias y a su incansable lucha a favor de los derechos de los indígenas y del territorio.

La situación de Berta no es una situación aislada, de hecho, la misma CIDH en su informe “La Situación de Derechos Humanos en Honduras de 2015”, indicó que existe información de la que se desprende que en los últimos 5 años al menos 14 defensores y defensoras de derechos humanos habrían sido asesinados, aún cuando eran beneficiarios de medidas cautelares.

Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos. Así, en Honduras quienes están bajo el amparo de las medidas cautelares por su labor de defensa y promoción de los derechos humanos, han sufrido hostigamiento, hasta ser asesinados.

Es preciso decir que las medidas cautelares penden en gran medida del arbitrio de los Estados, pues son estos quienes atendiendo su interés, recursos presupuestarios y voluntad política las ignoran o adoptan con el fin de proteger de forma efectiva a sus beneficiarios.  Y es que, aunque, la CIDH hace una labor de seguimiento a la implementación de las medidas cautelares, solicitando por ejemplo información a ambas partes (Estado y beneficiarios), cronogramas de implementación, reuniones de trabajo, visitas de seguimiento y revisión de las medidas; la responsabilidad ulterior, recaerá siempre en la buena voluntad del Estado.

Por tanto, quienes sufren situaciones de riesgo por parte de agentes del Estado o de terceros bajo connivencia del mismo se enfrentan a una particular situación de vulnerabilidad; en donde quién debe garantizar sus derechos por medio de las medidas cautelares, cuenta no sólo con los medios económicos, judiciales y de inteligencia para deslegitimar su accionar, y en el peor de los casos hacen uso de acciones extrajudiciales para mermar la actividad de defensa y promoción de los derechos humanos, como en principio aparenta ser el caso de Berta.

 A manera de conclusión

El terrible desenlace en el caso de Berta Cáceres, nos permite concluir que las medidas cautelares están lejos de poder garantizar protección real y efectiva para sus beneficiarios y en particular para los defensores de los derechos humanos. La situación de vulnerabilidad que enfrentan en la región, debe llevar a una seria discusión entre Estados y la OEA, a nuevos compromisos y pactos, a la toma de medidas concretas que obliguen a los miembros del Sistema Interamericano y/o a sancionar con mayor firmeza a los países que de forma deliberada e irresponsable están incumpliendo su obligación internacional de proteger a quienes ejercer el rol de defender los derechos humanos en el continente americano.  De lo contrario, las medidas cautelares seguirán siendo ese mecanismo que, aunque expedito, tiene altas posibilidades de caer en el saco roto de la justicia interamericana.

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Belissa Guerrero Rivas y Verenice Bengtsson

Belissa es abogada salvadoreña, con diversos estudios en DDHH, incluyendo una maestría en prácticas de derechos humanos en las Universidades de Gothenburg, Roehampton y Tromso. También se ha desempeñado como especialista de derechos humanos de la CIDH y especialista de género de UNODC en Vietnam. Verenice es abogada hondureña y tiene estudios de derechos humanos, género, clase y etnicidad de la Universidad de Lund y una maestría en estudios politicos globales con especialización en derechos humanos de la Universidad de Malmö. Vive en Suecia y promueve la inclusión y los derechos humanos en el sector empresarial del sur de Suecia.

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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