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Los siete “guaruras” samurais

La película “Los siete samuráis” de Akira Kurosawa trata de un pueblo campesino japonés, en el siglo XVI, que, amenazado por unos bandidos, decide contratar a siete samuráis para que lo proteja. Sin duda, es un ejemplo, tanto de un Estado incapaz de cumplir con sus funciones (otorgar seguridad a sus ciudadanos), como de privatización de la seguridad. El planteamiento parece fácil y lógico. A un problema, una solución. Sin embargo, en el siglo XXI, la seguridad privada es un tema complejo y que no siempre conlleva la relación causa-efecto.

La seguridad privada vive años de auge, sobretodo entre países no desarrollados. En el caso de México, a diferencia de otros lugares, este fenómeno se ciñe básicamente al ámbito personal o empresarial (privado). Las fuerzas armadas no han subcontratado los servicios de empresas para que cumplan con sus labores (no, al menos, en gran medida). Esta industria mueve anualmente ya más del uno por ciento del PIB y emplea a casi un millón de personas. Así, la seguridad privada se ha alzado como un gran y prometedor negocio, travestido como una macabra necesidad.

Cuando se habla de seguridad privada no sólo se contemplan los guardaespaldas (“guaruras” se les llama coloquialmente en México), sino también aquellos agentes o empresas dedicadas a resguardar casas, unidades habitacionales, urbanizaciones enteras, industrias, instituciones, transporte de mercancías, etc. Toda transacción entre personas privadas mediante la cual se adquiere el servicio de la seguridad.

Como se estableció en el primer párrafo, a simple vista parecería que la seguridad privada responde a un clima de inseguridad. En ese caso, además del problema un Estado incapaz, tendríamos que agregar la doble imposición a la que estaríamos sujetos, y que supondría el hecho pagar los impuestos y, además, contratar a algún ente para que se encargue de la protección que requerimos. Y si digo que “parece” es porque la situación no es exactamente aquella de los campesinos de Kurosawa, quienes, mediante un sobrehumano esfuerzo, consiguen a sus siete protectores. Se trata de eso, en parte, pero también de personas, o grupos de personas, que en aras de contrarrestar su alegada inseguridad, se apropian, con o sin la venia de autoridades (que, como sea, terminan por mirar hacia otro lado), del espacio público y de los derechos de los demás.

Vastas áreas de la Ciudad de México han sido cercadas y su acceso restringido porque los vecinos decían percibir inseguridad. En algunos casos, se trata de complejos habitacionales pensados y ejecutados de esa manera; en otros, lo que se ha hecho es una simple y llana apropiación de calles y plazas públicas para un uso privado (basta con que los vecinos acuerden cerrar su barrio para que se les permita hacerlo). Edificios de oficinas, supermercados o instituciones de todo tipo mantienen en sus presupuestos un apartado para seguridad, que consiste en uno o más hombres fuertemente armados que no hacen más que aburrirse, tomar el sol y respirar el aire sucio de esta ciudad.

Por otro lado, tenemos a aquellos que han contratado guardaespaldas. Como en México las cosas se hacen “a lo grande”, se ha pasado de la versión europea (uno o dos guardaespaldas, discretos) y se emplea la versión cohorte. La gran mayoría de los habitantes de las grandes ciudades mexicanas han tenido algún roce con estos convoyes de autos y camionetas con ventanillas entintadas, sin identificación, que no respetan semáforos, carriles o reglas de tránsito. Dada la actitud de “los protegidos”, da la impresión de que tener ‘guaruras’, más que una necesidad, es una cuestión de status.

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En cualquiera de los casos mencionados, la “seguridad” trasciende la legalidad y contribuye, paradójicamente, a que se perciba un clima de ausencia de ley. O, como en las historias del lejano oeste, la ley del más fuerte. Sin duda, la apropiación de espacios públicos y la contratación de guardaespaldas ahonda las desigualdades sociales: Nosotros (los que podemos pagar nuestra seguridad) vs. el resto (los que no pueden hacerlo). Establece una clara diferenciación entre los buenos y los malos; los unos (protegidos), ricos vs. los otros (de los que se protege), pobres, alimentando la destrucción de la poca cohesión social que nos queda.

En términos prácticos, la delimitación por medio de fronteras físicas de barrios enteros y la proyección de nuevas urbanizaciones como unidades cerradas, conducen a una movilidad deficiente en una ciudad (la de México) cada vez más poblada. Para ir de un punto a otro, cercanos en la distancia, se ha vuelto necesario rodear grandes áreas por cuyo interior se ha prohibido transitar. Se dejan pocas vías utilizables, mismas que se congestionan de coches, y se crean problemas medioambientales, de convivencia y de descenso en la calidad de vida.

Otro de los grandes problemas prácticos relacionados con este fenómeno, es que los guardaespaldas, con el alto poder de fuego que poseen (superior al de policías locales), actúan como señores y dueños de las calles y no dudan en infringir la ley en el “cumplimiento” de su trabajo. Se trata de personajes prepotentes que suelen amenazar, golpear e incluso a disparar a ciudadanos inocentes, de clases medias o bajas, que simplemente se encontraban a su paso, en un espacio que es público, y en donde se debería poder gozar de los derechos que otorga la ley.

La seguridad privada quizá cumple con su declarado objetivo de proteger. Sin embargo, termina por tener consecuencias desastrosas para la sociedad en general. Significa la reducción del goce de espacios que pertenecen a todos (una privatización de facto), el entorpecimiento de la movilidad, más tráfico y contaminación, reducción en el nivel de vida y, muy importante, el abuso de poder por parte de ciertos agentes privados, sin legitimidad para ejercer de autoridad, que imponen sus reglas escudándose en la ley de sus armas y las conexiones políticas de sus contratantes. De esta manera la ciudadanía es cercada por los delincuentes, la inacción gubernamental y la seguridad privada, siempre al servicio de otro.

Uno de los atributos clásicos del Estado es que debe gozar del monopolio de la violencia. Al mismo tiempo, dentro de sus funciones está la de proveer de servicios y seguridad a sus ciudadanos. Una obligación contraída junto con la aceptación del respeto y protección de los derechos humanos, está el asegurarse de que la gente vive “libre de miedo”, es decir, que no haya temor a al daño personal o de las posesiones. Ahora bien, la privatización de la seguridad atenta contra estas tres premisas, ya que el Estado abandona el monopolio de la violencia, delega el ejercicio de la imposición de la seguridad,  y permite que el miedo campe a sus anchas. La privatización de la seguridad termina no sólo por no ayudar a solucionar el problema, sino que lo ahonda, creando un peligroso círculo vicioso.

Es necesario que el Estado sea capaz de proporcionar seguridad a sus ciudadanos, pero también es fundamental que exista una regulación clara y eficaz para las diferentes expresiones de seguridad privada. Los barrios cercados deben desaparecer y el planeamiento urbano debe permitir la fluidez de paso, en lugar de su constreñimiento. Han de evitarse las prebendas de las que gozan quienes tienen guardaespaldas (y los guardaespaldas mismos) y ha obligárseles a éstos a cumplir la ley y a respetar los derechos de los ciudadanos. La seguridad no debe ser pretexto, en ningún momento, para saltarse las normas ni para perjudicar al grueso de la ciudadanía.

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Juan Honey Wuest

Juan Honey Wuest es periodista con estudios en Relaciones Internacionales. Ha colaborado en distintas revistas digitales en temas tanto culturales como políticos.

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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