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La infancia olvidada

Argentina se caracteriza por ratificar tratados y convenciones, así como también, elaborar y dictar leyes propias de su derecho interno que recogen las directivas de aquellos. Sin embargo, como en tantos otros campos, con relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, el compromiso estatal ha sido parcial, sesgado, cuando no directamente violatorio de las normativas asumidas.

En este contexto, el Defensor del Niño -como institución independiente en la promoción y protección de los derechos de los niños- emerge como un organismo indispensable para ello. Argentina ha previsto su constitución en la Ley N° 26.061, sin haberse designado a su titular ni organizado su puesta en funcionamiento hasta el presente. Se trata de una omisión, muy grave, teniendo en cuenta que su existencia coadyuvaría enormemente en la defensa de los derechos de niños y niñas.  

Once años han pasado desde la sanción de la ley N° 26.601, para que el Estado argentino avance con el procedimiento dispuesto para la designación del Defensor del Niño. Tampoco ha sido éste un acto genuino de impulso estatal tendiente a cumplir con esta omisión; fue necesaria la demanda de un grupo de entidades de la sociedad civil que reclamó ante la justicia argentina que se diera cumplimiento con los postulados de la ley. Por su parte, Carla Carrizo -diputada nacional- ha sido la cara visible, constante e impenitente de esta cruzada en el Congreso de la Nación, a ella mi reconocimiento y afecto de siempre.

La protección de los derechos de la infancia tiene un núcleo duro que es el abuso sexual, y con mis colegas Mabel Bianco, Mabel Müller y Paula Wachter elaboramos la Guía de Acciones y Recursos   que oportunamente Asuntos del Sur difundió[1]. Con la primera y la segunda edición de dicha guía, intentamos poner en la agenda pública esta temática, y nos ocupó, asimismo, la ausencia estatal en el abordaje de la misma, dedicando un enlace significativo al Defensor del Niño, como institución útil y necesaria.  

En este contexto, recientemente se llevó adelante la integración de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, que tendrá a su cargo la designación del Defensor del Niño. Esta institución es relevante y viene a llenar un vació legislativo que obturaba el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  49 de la ley N° 26.601.

Esta sucinta crónica lamentablemente no puede leerse como laudatoria para Argentina, sino todo lo contrario; la sistemática violación de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino tiene víctimas con nombre y apellido, si bien la ausencia de registros públicos impide hablar de cifras consistentes, plataforma indispensable para el diseño de políticas públicas para la promoción y defensa de los derechos de nuestra infancia.

La razón de esta columna no es el aplauso sino alertar respecto de un proceso y un procedimiento que debe ser transparente, idóneo y crítico en el examen de quienes en definitiva resulten postulados/as para asumir dicho cargo. La política argentina nos tiene acostumbradas a los pactos y componendas entre los partidos políticos cuando de ocupar una vacante se trata; negar esta realidad es un cinismo que como activista y defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes estoy obligada a denunciar. Por tanto, además de decirlo, sin eufemismos, aportaré algunos aspectos que hacen a esta institución tal como lo pensamos para la Guía precitada.

En tal sentido, la Observación General N° 2 (2002) del Comité de los Derechos del Niño[2] se refiere al papel de las institucionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño, teniendo en cuenta el artículo 4 de CDN, que obliga a los Estados Partes a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención.

Para el Comité, dichas instituciones no sólo representan un importante mecanismo para promover y asegurar la aplicación de CDN: considera que el establecimiento de tales órganos forma parte del compromiso asumido por los gobiernos al ratificar la Convención de garantizar su aplicación y promover la realización universal de los derechos del niño.

Esta Observación pretende alentar la creación de instituciones independientes, apoyando a los Estados Partes en esta tarea, y en los casos en que ya se han establecido, los exhorta a que examinen sus estatutos y su eficacia en miras a la promoción y protección de los derechos consagrados en la CDN y demás instrumentos pertinentes.

Al El Defensor de los Niños tradicionalmente se lo define como un organismo oficial independiente, cuya misión es promover los derechos e intereses de los niños. Puede incluir a las ONGs que se dedican a la defensa de la infancia. También se utilizan en forma indistinta los términos Defensor o Comisionado sin que ello modifique sus funciones. Sus funciones son muchas y variadas, y todas expresan un amplio plexo de posibilidades para el cumplimiento de sus competencias.

Funciones  desde la teoría:Para que la supervisión y promoción del cumplimiento  de los derechos sea efectiva, los Defensores deben estar capacitados para:

Influir en la ley, la política y la práctica
Hacer frente a las violaciones individuales de los  derechos
Fomentar o realizar investigaciones
Promover la sensibilización sobre  los derechos

Desde la práctica misma, se consideran características esenciales del trabajo del Defensor de los Niños: su independencia, la habilidad para conseguir que las voces de los niños sean escuchadas, que sea un órgano accesible para los niños, y que su atención se centre exclusivamente en ellos; que posea autoridad y poderes legales.

Estas funciones y características responden, en líneas generales -analizando distintos modelos existentes en el mundo- al propósito de la Observación General N° 2 (2002) del Comité de los Derechos del Niño antes citada.

Nuestra infancia tiene una oportunidad largamente demorada, es de esperar que todos los actores involucrados en el proceso de designación de la persona que asuma como Defensor o Defensora de los Niños y Niñas esté a la altura de las expectativas y desafíos que esta institución supone.

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[1] http://www.feim.org.ar/pdf/publicaciones/GuiaASI2015.pdf

[2] CRC/GC/2002/2. 32° período de sesiones. http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/

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Norma Graciela Chiapparrone

Norma es abogada, feminista, diplomanda de Flacso Argentina en el Programa Regional de Género y Justicia, consejera internacional de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas | Tw: @NChiapparrone

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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