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La democracia en América Latina hoy: mucho por defender, aún más por mejorar

Poco menos de diez años atrás, un 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió instaurar el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, con el objetivo de reflexionar sobre el estado de la democracia en el mundo.

Si bien el tema elegido desde este organismo internacional para reflexionar en el 2016 es el de "La democracia y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", más que analizar en qué modo esta última se conjugan con el fortalecimiento de la primera -en especial, en lo relacionado al Objetivo 16, que apunta a "Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles"-, resulta oportuno partir de un análisis sobre el contexto y los retos que se le presenta a la democracia en América Latina.

Como planteara recientemente en una editorial sobre los retos y desafíos en la región [1], no son pocos los interrogantes que nos surgen, en relación al estado de la democracia. Dado el actual escenario de fondo, de destituciones presidenciales discutidas –algunos llamarían completamente legales, otros afirman que son ilegítimas e inmorales–, de gobiernos progresistas en retirada a raíz de la avanzada conservadora –por errores y virtudes respectivamente repartidas– y de históricas deudas sociales aún no resueltas por completo –pero con importantes avances en los últimos años-, es que van tomando forma algunas inquietudes, como: ¿Qué características tiene esta situación actual? ¿Qué pasará con los derechos reconocidos en un marco de gobiernos conservadores y con presupuestos más reducidos? ¿Cómo transitar estos cambios sin que se lleve a un retroceso en los avances logrados?

Antes de comenzar, resulta importante dejar asentado un aspecto fundamental del análisis sobre la democracia y los derechos (necesarios y suficientes) para poder hablar de ésta. El problema, justamente, reside en la dificultad de definir cuáles son esos derechos sin los cuales no se puede hablar de una democracia. Esto tiene que ver con la naturaleza misma de ésta última, ya que se trata de un proceso en constante reformulación, en el que se van redefiniendo casi constantemente aquellos derechos y libertades considerados básicos en un determinado momento histórico, lo cual ha dado lugar a gran parte de las luchas (democráticas) desde el siglo XIX a la fecha. Por citar un ejemplo, ninguna democracia de la región sería considerada como tal, hoy en día, si dejara fuera del acto eleccionario a las mujeres, y sin embargo muchas de ellas -así como también en el occidente industrializado- dieron sus primeros pasos excluyendo el voto fememino.

A su vez, la lista de los derechos que se van sumando a los "contenidos mínimos" de la democracia no sólo varía en con el paso del tiempo, sino que avances y retocesos van tamizados, a su vez, por los contextos regionales y nacionales en los cuales esta se desarrolla.

Ahora bien, retomando las preguntas antes mencionadas, es importante partir de la premisa que los latinoamericanos hemos vivo gran parte de nuestros últimos 150 años con democracias frecuentemente "interrumpidas" -por usar un eufemismo elegante a los golpes de Estados. Ozlak [2] nos recuerda que, entre 1902 y el inicio del siglo XXI, en América Latina y el Caribe se realizaron 327 golpes de Estado, encabezados por militares, motivo por el cual el tema de la democracia en la región –o las dificultades para implementarla y/o consolidarla– ha atraído el interés de un gran número de académicos en las ciencias sociales.

Lo cierto es que, con distintos tiempos y matices, la democracia se fue instaurando y consolidando en la región, y se fueron garantizando y extendiendo aquellas libertades y derechos necesarios para tal fin -como por ejemplo la libertad de expresión o el derecho al voto. A medida que pasaban los años, ya no se debatía sobre por qué la democracia tenía problemas para echar raíces, sino más bien se iba pasando el foco de atención sobre su calidad. Es así que se ha ido desarrollado el extenso -y aún inconcluso- debate sobre la calidad democrática, que enfrenta a quienes sostienen que ésta es una función de los procesos utilizados para la selección y el control de los gobernantes y a quienes, por otro lado, ponen el énfasis en sus "contenidos", lo que excede su consideración meramente como un régimen.

Más allá de la postura que desde el mundo académico se pueda tomar -que no es indistinta-, lo que aquí realmente nos interesa indagar es en qué modo la democracia incide -positivamente- en el proyecto de vida de los habitantes de América Latina y qué podemos o debemos hacer para mejorarla -lo que equivale a hacer fente a sus deudas.

Teniendo en consideración todo lo hasta aquí dicho, es posible sostener que la democracia en América Latina se ha afirmado en términos de la institucionalización de las elecciones y de las libertades políticas necesarias para el funcionamiento del régimen. Según datos de Latinobarómetro [3], desde la restauración de la democracia en la región se realizaron 128 elecciones presidenciales -84 de las cuales se dieron entre 1995 y 2015- y nunca, en la historia latinoamericana, todos sus países habían tenido, simultáneamente, democracias instaladas con elecciones continuas y periódicas.

Si bien esto es un factor positivo para todos nosotros, no escapa a nuestra consideración –o al menos a la consideración de una considerable parte de la sociedad latinoamericana- que es difícilmente conjugable vanagloriarse del buen funcionamiento de la democracia -y de los principios que la inspiran- en un contexto de fuerte disparidad en el acceso a los derechos sociales, lo cual viene siendo una (triste) constante en la historia de nuestra región. Y cuando se habla de desigual distribución de derechos sociales, sin rondar en eufemismos, estamos hablando inequidades y excluidos, lo que en términos de O’Donnell es el sector generalmente denominado el pueblo, material y legalmente, pobre.

Hasta los primeros años del actual siglo, en parte como consecuencia del empeoramiento de algunos indicadores -como la tasa de desempleo y el aumento de la pobreza-, la evaluación del apoyo y de la satisfacción de la democracia mostraban niveles muy bajos, reduciendo las expectativas que ésta estuviese en grado de resolver los problemas más importantes de la población y aumentando considerablemente el desencanto de gran parte de ésta. Volviendo a los datos de Latinobarómetro, la satisfacción con la democracia desciende vertiginosamente entre 1997, que se ubicaba en el 41%, y el 2001, año en el que alcanzó el 21%, su valor más bajo en las última dos décadas.

De hecho, en ese mismo arco temporal se hablaba de un Estado desacreditado [4] y anémico [5] como consecuencia de, al menos, tres procesos: las políticas neoliberales que apuntaban a minimizarlo, la extensión de la crisis económica y de situaciones más estructurales como el clientelismo y la corrupción.

La reducción del Estado, la sensación de abandono y de resentimiento social vividos por parte de la población, junto al descrédito de las instituciones políticas, habrían sido factores importantes en el redireccionamiento del voto en la región durante ese período [6]. El sentimiento de frustración hacia las democracias existentes, algunos por no sentirse incluidos en el sistema y otros por sentirse directamente expulsados de él, se tradujo en un fuerte apoyo a los partidos de izquierda, dando lugar al denominado "giro a la izquierda". De este modo, entran a la escena gobiernos encabezados por partidos o coaliciones denominados -con sus respectivos matices- progresitas, y se fue dando un importante avance en materia de derechos para la población de estos países.

Por comenzar, existe un amplio reconocimiento que los niveles de pobreza y desigualdad –medida en términos de distribución de los ingresos- sufrieron una importante caída desde inicios del siglo XXI hasta, al menos, el 2013 –año en el que se desaceleran estas tendencias. De hecho, en este período se habla de una situación en la que  60 millones de personas que escaparon de la pobreza y de 30 millones que hicieron lo propio con la indigencia. Más allá de los recaudos que se puedan tomar a la hora de evaluar esta performance –por ejemplo, incluyendo el nivel del vulnerabilidad a la pobreza, como sugiere la CEPAL [7]-, es indiscutible que los gobiernos de la región han destinado una cuota importante de sus presupuestos para combatir la pobreza y las desigualdades –económicas y sociales- a través de distintas políticas y programas públicos.

Si tomamos el caso de la educación, según el Instituto de Estadística de la UNESCO [8], el gasto público en esta materia (como porcentaje del PBI) tuvo un fuerte aumento en todos los países de la región, como en Argentina, que se incrementó un 4,96%, pasando del 1,07% en 1990 al 6,03% en 2009, o México, que hizo lo propio, pasando del 2,31% al 5,29% en el mismo arco temporal.

Por citar otro ejemplo de un derecho social básico, los datos de la Organización Mundial de la Salud [9] ponen en evidencia el progreso realizado en materia de salud por países como Brasil, cuyo gasto público social en salud (como porcentaje del PBI), pasó de 6,65% en 1995 al 9,01% en 2010, o Ecuador, que pasó del 4,11% l 8,06% en el mismo período.

Junto a estos indicadores, también se han dado importantes progresos que son menos cuantificables en términos numéricos, pero que han tenido un fuerte impacto en el reconocimiento de derechos para la población latinoamericana. En este sentido, y a modo de ejemplo, se pueden incluir la sanción de leyes en favor de la diversidad, en las que se reconocen los derechos a personas del mismo sexo a formar un proyecto de vida conjunto –sea a través de matrimonios igualitarios o uniones civiles-, así como también de leyes de identidad de género. Asimismo, también se dieron fundamentales avances en materia de políticas de género y de medidas –aunque insuficientes- para combatir la violencia de género –un mal extendido en toda la región. Todo esto cobra un especial cariz en la sociedad latinoamericana, sea por el fuerte rol que juegan las confesiones religiosas cristianas (de diversa índole) y la cultura patriarcal que aún la caracteriza.

Sin embargo, estos gobiernos -de corte progresista- han dejado también importantes deudas, muchas de las cuales pueden ayudar a dar cuenta de los motivos por los cuales ya no se encuentran en el poder. En primer lugar, como ya se anticipara, la reducción en el número de pobres e indigentes durante la primera década y media pasada va sopesada con el alto porcentaje de vulnerabilidad de la población latinoamericana a caer –o regresar- a una situación de pobreza y exclusión, medida en términos de ingresos.

Si bien es cierto que, entre 1990 y 2013 se produjo un fuerte crecimiento en el porcentaje de la población no vulnerable –acompañado de la reducción de personas indigentes o altamente vulnerables a la indigencia en ese mismo período-, los niveles de vulnerabilidad a la pobreza se mantuvieron relativamente estables en ese periodo, del 15,2% (1990) al 17% (2013). A su vez, si se incluye en el análisis la población indígena y la afrodescendiente, se pone de manifiesto las grandes desigualdades que prevalecen en términos étnicos y raciales en la región, ya que en ambos grupos se muestran las desigualdades más pronunciadas en estos términos respecto al resto de la población: sólo el 33% de la población indígena y el 56% de la población afrodescendiente es no vulnerable (en términos de ingreso) a la pobreza.  

A su vez, los programas de transferencias condicionadas de dinero, que fueron aplicados en modo extenso y con un relativo éxito en la región, mostraron también ciertos límites, especialmente en el hecho que la transferencia monetaria por sí sola no lograba solucionar las distintas dimensiones problemáticas vinculadas a la pobreza –en donde el ingreso es sólo una de ellas. Si bien es innegable, en términos materiales, que los sectores más desfavorecidos tengan acceso a bienes y servicios a través de estas trasferencias, esto no necesariamente implica que se los haya empoderado, y el no acompañamiento de políticas públicas integrales para combatir la pobreza se han hecho sentir.

A su vez, como demuestran analistas como Pierre Salama [10], también se debieran relativizar los resultados en materia de distribución del ingreso, ya que, si se deja de lado la exclusiva consideración de los ingresos (sobre el que se mide el coeficiente de Gini) y se toman en cuenta otros análisis (como el de las fuentes fiscales), se llegaría a la conclusión que los pobres efectivamente mejoraron su situación, pero los ricos no dejaron de seguir siendo igual o más ricos. Esto pone de manifiesto la falta o insuficiencia de cambios profundos en las políticas fiscales de estos países, en modo de hacerlas verdaderamente progresivas.

Las tareas pendientes que nos dejan estas experiencias progresistas, claramente, no se agota con los puntos antes mencionados, y sería posible incluir una amplia gama de temas, que excede los propósitos de este artículo.

De este modo, considerando lo anterior, y sumándolo a un contexto económico menos favorable que el que predominó durante la primera década del siglo XXI -por el desaceleramiento de la economía mundial, una cierta presión inflacionaria en algunos países y el empeoramiento del mercado laboral- que incluye la llegada de gobiernos conservadores -que fueron grandes críticos, y en algunos casos opositores, de las medidas tomadas por sus antecesores en lo que concierne a las políticas económicas y sociales- no es injustificado preguntarse en qué modo lograr que no se produzca un retroceso en materia de derechos. Por la envergadura de tal interrogante, no parece aconsejable tomarse la cuestión desde una perspectiva meramente emocional, ni siquiera exclusivamente ideológica.

A su vez, también valdría preguntarse cuán cómodos nos sentimos dentro de los confines de la democracia liberal representativa, que parece ser el único modelo de democracia con el cual medir los avances y retrocesos de todo régimen político existente. Sin embargo, aquella no está priva de cuestionamientos y señales de agotamiento, no sólo en las sociedades latinoamericanas del siglo XXI sino también en distintos puntos de Europa. Es por ello que no deja de ser pertinente demandarse sobre las nuevas formas de participación política o las iniciativas tendientes a un mayor nivel de participación popular, que incipientemente se vienen experimentando en algunos países de la región.

Llegados a este punto, es probable que estos últimos interrogantes queden como deudas pendientes para ulteriores reflexiones… pero, y volviendo a los primeros párrafos de este artículo, si lo que se busca es impedir un retroceso en materia de derechos que le baje el contenido a nuestras democracias, si se apunta a mantener ese consenso, logrado durante una parte de la década pasada, en que no podemos quedar impasibles ante las injusticias sociales, en que el Estado tiene un rol fundamental en garantizar el acceso a derechos y en que es la política (democrática) la herramienta para poder modificar el mundo en el que vivimos, entonces resulta imprescindible redoblar el ingenio de líderes políticos y referentes sociales para fortalecer las vías de participación de la sociedad en la vida pública.

Es con más participación, con más diálogo y con más reflexión (sobre todo, partiendo de una autocrítica de los errores cometidos, corrupción incluida) que se puede combatir los embates de proyectos excluyentes y elitistas –y, en ocasiones, abiertamente machistas- que pretenden retrotraer a la región a un pasado al que no deseamos volver.

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[1] Lara, Ignacio. “América Latina de cara a sus desafíos en la próxima década” http://www.asuntosdelsur.org/opinion/america-latina-de-cara-a-sus-desafios-en-la-proxima-decada 05/09/16 

[2] Oszlak, Oscar. El estado democrático en América Latina. Revista Nueva Sociedad, n. 210, 2007, p. 42-63.

[3] Latinobarómetro “Informe 1995 - 2015”.

[4] Iglesias E. V. El papel del Estado y los paradigmas económicos en América Latina. Revista de la CEPAL, n. 90, Santiago de Chile, 2006, p. 7-15.

[5] Vigevani, Tullo; Fernandes De Oliveira, Marcelo. América Latina: vulnerabilidad social e inestabilidad democrática. En: Dupas G. (Ed.), América Latina a comienzos del siglo XXI. Perspectivas económicas, sociales y políticas. Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 2005.

[6] Ramírez Gallego, Franklin. Mucho más que dos izquierdas. Revista Nueva Sociedad, n. 205, 2006, p. 30-44.

[7] CEPAL. Desarrollo Social Inclusivo. Una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2015.

[8] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Instituto de Estadística http://www.uis.unesco.org/Datacentre/Pages/instructions.aspx?SPSLanguage=EN

[9] Organización Mundial de la Salud (OMS). Repositorio de datos del Observatorio Global de Salud. http://apps.who.int/gho/data/?theme=main

[10] Salama, Pierre. ¿Se redujo la desigualdad en América Latina? Notas sobre una ilusión. Revista Nueva Sociedad, n. 258, 2015, p. 85-95.

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