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Honduras: El país donde hasta la policía se hartó del fraude electoral y la violencia

Después de las elecciones del 26 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TES) -con un retraso nunca antes visto de 10 horas y bajo la presión de observadores internacionales-, anunciaba una ventaja de 5% para el candidato de la Alianza de Oposición Salvador Nasralla sobre el actual presidente Juan Orlando Hernández, la ciudadanía celebraba el triunfo de la oposición en redes sociales, aún con las sospechas de fraude y de complicidad institucional. Vale la pena recordar que el candidato-presidente no habría debido ser candidato a la presidencia, porque la Constitución de la República prohíbe la reelección mediante un artículo pétreo. En términos jurídicos, se atribuye a un artículo la calidad de pétreo, porque es imposible de modificar, interpretar o reformar, es pues como una roca.

Ante la ventaja y la tendencia irreversible, que favorecía a la oposición política, como era de esperarse, el presidente del TSE se negó a reconocer oficialmente que el candidato ganador era Nasralla y anunció que debía esperarse el conteo final. Ramiro Lobo, magistrado suplente del TSE, aseguraba que el presidente “no quería divulgar los resultados porque su partido, el Partido Nacional, iba perdiendo”. Según las declaraciones de Lobo para el periódico digital salvadoreño El Faro, el fracaso y las dudas se generaron no por la lentitud del sistema, que él mismo reconoce funcionó como se esperaba en las primeras horas y los días posteriores, donde “Nasralla tenía una ventaja que ya marcaba tendencia. Pero cuando el sistema se cayó, al volver, ya la tendencia se había revertido y no había vuelto a cambiar”.  Después de que el sistema aparentemente colapsara, al regresar, según los resultados divulgados por el TSE, el candidato oficialista sobrepasaba ventajosamente al candidato de la oposición. Históricamente y gracias  a la magia del colapso, una tendencia irreversible se revertía.

Las protestas y bloqueos de carreteras no se hicieron esperar y con ellas la represión policial y militar volvió a las calles. Los fantasmas de la crisis que generó el golpe de Estado en el 2009 volvían como un Deja Vu. Sin embargo, la ciudadanía hondureña, muy decidida, se mantuvo en las calles. Entre saqueos al sector privado y bajo acusaciones políticas de unos y otros de ser los responsables del caos, el 1 de diciembre el gobierno decretó un estado de sitio por 10 días, a fin de mantener a la población silenciada en arresto domiciliario. Como en épocas anteriores en Argentina, un inédito cacerolazo cobraba vida en diferentes ciudades de Honduras, desobedeciendo el toque de queda y retando al poder político.  Sin embargo, los desafíos costaron vidas. De acuerdo al Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras COFADEH, del jueves 30 de noviembre al 4 de diciembre se han registrado 12 asesinatos a manos de la Policía Militar a nivel nacional. De acuerdo con este Comité, el día donde se registran más hechos violentos es el 1 de diciembre, fecha en que entró en vigor la suspensión de las garantías constitucionales.

La misión de observadores de la Unión Europea ha manifestado que “permanecerán en el país hasta que concluya el proceso electoral y cada voto emitido sea tomado en cuenta”.  Así mismo, Marisa Matias, jefa de dicha misión, expresó que la misma condena y lamenta profundamente las muertes y las personas heridas en los disturbios postelectorales y que debía aclararse en qué condiciones estos ocurrieron.

En otro hecho sin precedentes, el 4 de diciembre, policías de diferentes grados y los agentes Cobras anunciaron que no obedecerán las directrices de sus superiores, y que declaraban huelga de brazos caídos, determinando que no acudirán a las calles a reprimir protestantes. A su vez, pedían al TSE que se respete la voluntad soberana y se asuma un conteo de votos transparente. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar, creada por el presidente, continúan activas, de tal manera que aún no puede afirmarse que la población esté a salvo del abuso del ejercicio monopólico de la fuerza.

Honduras ocupa el lugar 130 en el índice de Desarrollo Humano y según el Banco Mundial el 60% de su población vive en situación de pobreza. El servicio de salud básico se encuentra disponible solo para un tercio de la población. Altos índices de criminalidad y desempleo, involucramiento de personajes políticos y pudientes en el narcotráfico, así como el involucramiento de jóvenes viviendo en pobreza en pandillas y narcomenudeo, dan una idea de la crisis política, económica y social que vive Honduras. Con un salario aproximado de 232 USD, es sencillo concluir que muchos de esos policías y sus familias pertenecen a esa gran mayoría hondureña viviendo en pobreza. Y al parecer ellos también están hasta el hartazgo de la violencia física, pero sobre todo de la violencia estructural.

Mientras la comunidad internacional se mantiene impávida, el presidente se aferra al poder, en un país que vive de crisis en crisis institucional desde el golpe de Estado de 2009.  La gota que derrama el vaso es sin duda el saqueo y utilización de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social para financiar campañas políticas al partido de gobierno, donde los principales autores y beneficiarios se mantienen en la impunidad. Tras meses de multitudinarias marchas de las antorchas, la población viene pidiendo la renuncia presidencial desde el 2015.  La pretensión de reelegirse, a pesar de la prohibición constitucional, ha sido el detonante claro que indica el por qué del rechazo y por qué el presidente perdió las elecciones. Es hora, Don Juan, de retirarse, debe hacerlo por el bien de Honduras. Aún creo que todavía le queda algo de dignidad.

Foto portada: AFP

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Verenice Bengtsson

Verenice estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estudió género, etnicidad, clase y bienestar social en la Universidad de Lund y una maestría en Estudios Políticos Globales con especialización en Derechos Humanos de la Universidad de Malmö. Actualmente vive en Suecia y trabaja promoviendo Derechos Humanos inclusión y diversidad en las empresas del Sur de Suecia.

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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