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El Cono Sur y el derecho a decidir del pueblo catalán

Durante las últimas semanas hemos podido ver atónitos, a más de 12.000 kilómetros de distancia, cómo el Estado español mostró sus dientes y dejó entrever un pasado/presente autoritario que los nacidos en democracia no teníamos tan presente. Contemporáneamente, hemos asistido a una de las muestras más contundentes de democracia participativa impulsada y promovida por la ciudadanía catalana. América Latina no estuvo ajena a ese proceso por el derecho de autodeterminación de un pueblo que quiere, ni más ni menos, que la posibilidad de decidir su propio futuro.  

Y es que, ante la negativa del gobierno español de ceder el padrón electoral para que los catalanes y catalanas residentes en el Cono Sur pudieran votar, la Generalitat de Catalunya tuvo que crear un registro voluntario de catalanes en el exterior, donde la diáspora -no sin las muchas trabas que ejerció el gobierno español- pudo inscribirse y votar por carta  en estas últimas semanas (pagando al correo para enviar el voto). En América Latina, Argentina es el principal destino de residencia de catalanes y catalanas al exterior, segunda a nivel mundial detrás de Francia.

En la última semana, llegaron más de 10.000 efectivos de la policía nacional española a Catalunya con el único objetivo de impedir el referéndum, con detenciones de cargos electos y funcionarios con responsabilidades en la administración catalana, la intervención de sus cuentas bancaria, la irrupción en sedes de partidos políticos (como le sucedió a la CUP) y el intento de intervención de la policía autonómica catalana (los mossos d’esquadra). Es así que, en un país en el que la justicia no brilla precisamente por su velocidad (basta recordar los escandalosos casos de corrupción en los que está involucrado en partido gobernante, sin ninguna tipo de sentencia), se  dio un ejemplo de “eficacia”, llamando a declarar a más de 500 alcaldes y alcaldesas catalanes que habían manifestado su disposición a algo tan “anti-democrático” como ceder espacios municipales para preguntar a la ciudadanía qué tipo de relación quieren tener con el Estado español: si una república catalana independiente o mantener el status quo autonómico actual.

La diáspora catalana del Cono Sur de América, a través de su red –la Xarxa de CCE del Con Sud d’América- se movilizó para protestar ante esta flagrante agresión a la democracia, con concentraciones pacíficas en Buenos Aires, La Plata y Ushuaia (Argentina), Sâo Pablo (Brasil) y Montevideo (Uruguay), exigiendo el fin de las hostilidades contra el pueblo y las instituciones catalanas y en pos de garantizar el derecho de autodeterminación popular catalán.

En esta involución democrática del Estado español, que recuerda a tiempos en blanco y negro en los se tenía al dictador Francisco Franco como Jefe de Estado, es que  la ciudadanía catalana ocupó de forma democrática los colegios electorales durante este fin de semana, para poder garantizar que allí pudiesen transcurrir con normalidad las elecciones.

No es casualidad que una gran mayoría de catalanes y catalanas se sintiesen más favorables a una república independiente, y es que la gran “explosión” del apoyo soberanista se desató en 2010, con la sentencia del Tribunal Constitucional español sobre el Estatut Català (una especie de Constitución regional) que rechazó una aprobación legítima y democrática de los y las representantes catalanes sobre el gobierno de su territorio -que en su momento, el entonces presidente Zapatero había prometido respetar-, recortándole y censurándole partes fundamentales de lo consensuado entre las distintas fuerzas políticas catalanas, como no sucedió en ninguna otra comunidad autonómica española. Este fue el principio de un movimiento que fortaleció decididamente los sentimientos contrapuestos en contra del Estado español. A su vez, todas las decisiones que viene tomando desde entonces el gobierno central en Madrid han provocado un aumento considerable del movimiento independentista.

Desde hace varios días se estaba viviendo un clima de fuerte tensión, no solo en Catalunya, sino en toda la península, dejando en descubierto la completa falta de voluntad –o, en el mejor de los casos, incapacidad- de los partidos nacionales españoles para buscar y encauzar efectivamente una solución política para el proceso catalán. Si bien no sorprende que el ultra-conservador Partido Popular –al que pertenece el jefe de gobierno, Mariano Rajoy- ni el liberal Ciudadanos no dieran algún tipo de espacio para el diálogo y el consenso, tampoco las fuerzas “progresistas” con representación en todo el Estado fueron mucho más de allí: mientras el PSOE sigue insistiendo en perder sus motes de “socialista” y “obrero”, Podemos quedó entrampado en zonas grises, amparándose en la comodidad de que todo tenía que ser bajo un orden “legal y con reaseguros”.

Uno de las características más interesantes del proceso catalán es que la propia ciudadanía era la que lo impulsaba. Lo que Rajoy no quiso entender –como tampoco Sánchez ni Rivera– es que el mismo pueblo catalán pedía una instancia democrática para decidir sobre su propio futuro. Incluso si Puigdemont, presidente del gobierno catalán, hubiera dado marcha atrás –posibilidad no contemplada por él, aunque quizás sí por algunos de sus correligionarios del PDCat-, el sentir popular ya había dado su veredicto: el derecho a decidir era irrenunciable. En este sentido, fue la ciudadanía la que empujó a la clase política catalana a llegar hacia donde se dirigió, cumpliendo con el programa presentado durante las pasadas elecciones legislativas.    

La desinformación de los medios de comunicación masivos españoles fue total. Tampoco sorprende el rol de medios como la televisión pública española (TVE) y de de los diarios nacionales, desde los derechistas La Razón o el ABC hasta los “progresistas” El País y La Vanguardia. Y esta visión distorsionada, que hacía hincapié en la legalidad por sobre la legitimidad, se expandió en gran parte de aquellos medios en los cuales las corporaciones españolas tenían intereses particulares -como el Grupo Prisa, que presionó para que los medios latinoamericanos se opusieran y atacaran al proceso catalán.     

A todo esto, el gobierno español también cumplió con los peores pronósticos: según fuentes oficiales la suma de heridos durante la votación del referéndum ascendió a 844 personas, que -reunidas pacíficamente ante las puertas de los colegios electorales catalanes- intentaron solamente defender su derecho a votar ante la brutal represión de la guardia civil y policía nacional española. Estas utilizaron elementos de carga prohibidos en Catalunya (como pelotas y balas de goma), así como gases lacrimógenos y una violencia desmesurada contra ancianos, mujeres y  jóvenes, sin distinción,  cuyo principal delito consistía en su compromiso con la democracia y con la posibilidad de definir su propio futuro. Y es así como las imágenes de la más absurda represión de Estado español recorrieron las redes sociales y los medios de comunicación de todo el mundo. Esto sin contar con todos los destrozos y desperfectos que realizaron estas fuerzas de seguridad, en lo que mañana volverán a ser centros de educación infantil, primaria, secundaria, centros culturales y del servicio de salud.

Toda esta lucha -cívica,  pacífica y voluntaria- garantizó el voto de 2.062.424 personas, de un padrón total de 5.300.000, que se atrevieron y defendieron su derecho a votar, haciendo valer la práctica democrática frente a la no obligatoriedad y las evidentes trabas del gobierno de Rajoy para realizarlo. El resultado final es que este referéndum dejó un 90% de votos favorables a constituir una Catalunya republicana e independiente con 2.020.144 votos, 176.565 (7,8%) por el “No”, mientras que 45.586 lo hicieron en blanco y 20.129 fueron votos nulos. A esto hay que tener en cuenta los 770.000 votos requisados por la policía española que no pudieron ser contabilizados y los 400 colegios electorales clausurados -de los 2.315 existentes en toda Catalunya.

De este modo, según prevé la Ley del referéndum, aprobada por el Parlamento catalán, de ganar el “sí”, el gobierno de Puigdemont tendría 48 horas para declarar la independencia de Catalunya respecto al Estado español, entrando en vigor la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. De poco sirven las débiles y tardías exhortaciones de los líderes políticos españoles para llevar a un diálogo, ya que tampoco fueron capaces de entender los términos y alcances del referéndum de ayer.

Lo que queda por delante son diversas incógnitas y desafíos, en el que cada fuerza política -sean nacionales o catalanas- tendrá delante de sí la responsabilidad histórica de decidir su camino a seguir. La diáspora catalana en América Latina se pronunció, junto con el pueblo catalán, con una masiva postura a favor de la independencia. Si bien no hay duda que es una cuestión de tiempo para que esto suceda, la mayor esperanza es que el gobierno de Rajoy termine con las prácticas de represión y hostigamiento hacia la libertad de expresión y los valores democráticos del pueblo catalán.     

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Pau Andrés Anglès

Pau Andrés Anglès es profesor de Historia, activista político y gestor cultural de la Casal dels Països Catalans de La Plata. | Tw: @pauan85

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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