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“Con el nuevo gobierno el peor escenario es la pérdida progresiva de derechos sociales y económicos que nos costó mucho conquistar”

Entrevista a Aurélio Rios

Quien haya tenido el honor de trabajar alguna vez con Aurélio Veiga Ríos, sabe bien que es una figura que sale del estereotipo tradicional de los profesionales del ámbito del derecho, capaz de conjugar su amplia trayectoria en lo legal con una actitud descontracturada, conciliadora y (cuando las circunstancias lo permiten) de una gran positividad.

Formado en la Universidad de Brasilia y con una maestría en Derecho Público en la Universidad de Bristol (Reino Unido), ocupó hasta hace pocos meses el cargo de Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil, lo que equivale a la figura del Defensor del Pueblo nacional en el resto de la región.

Este abogado de 55 años, que actualmente se desempeña como Sub-procurador General de la República, no se ha mantenido ajeno al devenir socio-político que vive su país, y con gran disponibilidad accedió a esta entrevista con Asuntos del Sur.       

¿Cuáles son las razones que explican, en tu opinión, el pedido a juicio político de Dilma Rousseff?

Es difícil enumerar, en un esfuerzo de síntesis, todas las razones que llevaron al proceso de destitución de la presidenta Dilma. No hay duda que la crisis económica brasilera tuvo un papel importante en este proceso. Inflación ascendente, desaceleración económica, aumento de la tasa de desempleo, desvalorización de la moneda (real), motivaron la caída vertiginosa de la popularidad de la presidenta. Desde la posesión de su segundo mandato, los índices de aceptación o aprobación de su gobierno se desplomaban mes a mes, reflejando el empeoramiento de los indicadores económicos.

Tampoco puede ser olvidado, en el curso del debate, la crisis ética que se abatió acerca de la empresa petrolera brasilera Petrobras, un escándalo sin precedentes en relación al volumen de dinero desviado para abastecer la campaña política de integrantes de la base aliada (no solo del PT, sino también del PMDB, PP, y otros partidos que apoyaban el gobierno), que tuvieron fuertes implicancias en el gobierno de Dilma y que proporcionó una evaluación negativa de su gobierno a poco tiempo de haber ganado la elección –que lo había hecho por una escasa mayoría. Esa crisis de Petrobras llegó hacia el final de su primer mandato y nunca se alejó de ella.

Pero hay razones políticas que debilitaron su intento de despegarse de la crisis de Petrobras y de responder al visible deterioro económico del país. En febrero de 2015, cuando fue electo el diputado Eduardo Cunha, del PMDB (el mayor partido brasilero y el principal integrante de la base aliada), Dilma perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y con ello la gobernabilidad sobre los proyectos de iniciativa del gobierno, y eso tuvo un papel decisivo en el proceso de destitución, deshaciendo la coalición de partidos que la apoyaba.

Cunha, ahora alejado de la Cámara por quebrantar el protocolo parlamentario, desempeñó una función esencial en desestabilizar la base aliada y de presidir el proceso de destitución con un resultado en mente: aprobar, de cualquier modo, la destitución de Dilma, como él mismo declaró –a quien quisiese oír– en la sesión de la Cámara en la que él perdió el mandato por mentir a la Comisión de ética sobre la existencia de cuentas o “trust” no declaradas en el exterior.

Para ser honestos, la razón jurídica para calificar el llamado “crimen de responsabilidades”, única hipótesis en la que la Constitución brasilera permite la pérdida del mandato de presidente, nunca fue unánime entre los principales juristas del país o priva de controversias en la sociedad. Para mí y para muchos parecía más un pretexto para dar aires de legalidad al proceso político de destitución cuando la mayoría del parlamento brasilero ya había tomado su decisión de alejar a Dilma del comando del país. Del mismo modo, nunca me convenció el hecho que los diputados que alejaron a Dilma, votaran por su conciencia cívica o ética, por su madre, tía abuela o lo que fuese. En el presidencialismo de coalición, los apoyos tienen un precio de principio a fin -como bien observó Amílcar Salas Oroño en el artículo publicado por “Asuntos del Sur”[1]-, y Dilma no tenía más que ofrecer a su base.

¿Consideras que está en riesgo la ampliación de derechos (políticas públicas, programas sociales, normativa con enfoque de derechos, etc) que se produjo en Brasil en la última década y media?

Más que la sensación de injusticia por haber apartado a Dilma de la presidencia de la República sin ninguna prueba de enriquecimiento ilícito, lo que más me llama la atención, como Ombudsman que fui, ejerciendo por dos mandatos consecutivos el cargo de Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano (de mayo de 2012 a mayo de 2016), es el nítido retroceso de la agenda de la ciudadanía y de defensa de los derechos humanos promovido por el nuevo gobierno en prácticamente todas las áreas. Los avances sociales obtenidos con los programas de educación en favor de la población de bajos ingresos, de inclusión de las poblaciones más vulnerables o de promoción de la igualdad de género, la diversidad sexual, las acciones afirmativas ya han tenido una reducción significativa, no solo en términos de presupuesto, sino también de abandono o desprecio por parte de la nueva administración, que insiste en no cumplir con el programa de gobierno para el cual el vicepresidente Michel Temer fuera electo junto con Dilma. Es importante recordar que este compromiso de campaña fue debidamente registrado en el Tribunal Superior Electoral y parece ahora haber sido enteramente abandonado, como si hubiese una nueva elección y la oposición hubiese ganado la disputa con una agenda de derechos humanos enormemente conservadora.

¿Cómo afecta, lo que ha ocurrido, a la democracia brasileña? 

Hay un creciente proceso de fragilidad institucional que pone en riesgo el proceso democrático brasilero al ampliarse en demasía las hipótesis de impeachment y de innovar en la interpretación de qué puede ser calificado como crimen de responsabilidad, y aceptar que el vicepresidente y su partido no tienen ninguna responsabilidad por lo sucedido en Brasil (para bien o para mal) y que pueda rehacer el programa de gobierno sin apoyo popular y sin el respaldo de las urnas. El Supremo Tribunal Federal sale dañado de ese proceso al no colocarse, de forma vehemente, como guardián de la Constitución y dando al Congreso Nacional plenos poderes para decidir, sin límites claros, el proceso de destitución. Además de eso, algunos Ministros y Jueces, con nítida inclinación partidaria e ideológica, se manifestaron de forma absolutamente inadecuada sobre el contenido político de procesos que estaban bajo su jurisdicción, sin que se vieran sospechados o impedidos en los casos concretos que estaban bajo su jurisdicción, como determina la ley.

Pero ninguna institución sale más afectada que el Congreso Nacional, primero por tener varios de sus integrantes sospechados y acusados en procesos criminales de atentar contra el patrimonio público y el protocolo parlamentario, del cual el ejemplo más impactante es el del ex-diputado Eduardo Cunha. Después de patrocinar una serie de maniobras políticas, dio comienzo al fin del proceso de destitución de Dilma que resultó en una decisión, al menos, curiosa. Por un lado, el Senado declara la destitución de la presidenta, juzgando procedente la representación por crimen de responsabilidad; por otro lado, no aplica la pena secundaria de interdicción de los derechos políticos, quedando evidente la vergüenza de muchos senadores, que votaron a favor de que Dilma fuese alejada de la presidencia pero permitiendo que ella pudiese volver cuando quisiese a ejercer un cargo político. En pocas palabras, es una mezcla de hipocresía, cinismo o tal vez algún sentimiento de culpa: condenaron al gobierno pero absolvieron a la presidente Dilma.

¿Cómo crees que será el futuro próximo de Brasil en términos políticos?

El futuro próximo de Brasil es imprevisible, pero me parece que no será nada fácil.

La fragmentación de los partidos políticos y la ausencia de una reforma política y electoral podrían llevar a la repetición de fenómenos lamentables de nuestra vida política cotidiana, como la compra de votos, la venta de apoyo político y el desvío de dinero público. Además, ningún partido político será capaz de obtener la mayoría de los votos en las elecciones para intendente, gobernador o presidente con más de treinta partidos registrados en el país, y ellos no representan el amplio espectro político brasilero sino la suma de intereses locales y electorales. Sin hablar de la creciente influencia de las iglesias neopentecostales en la política brasilera en todos los niveles, consiguiendo conquistar un número record de escaños en la legislatura. Lamentablemente el crecimiento de la bancada evangélica atenta peligrosamente contra el Estado laico y las conquistas de derechos sexuales y reproductivos de los últimos años.

Por otro lado, no es cierto que la operación Lava Jato, que viene investigando casos graves de corrupción, tenga una vida larga y tampoco se sabe lo que el Congreso Nacional hará, en términos legislativos, para mantener la autonomía y la independencia del Ministerio Público y de la Magistratura, también criticadas, en una época en que todas las instituciones están bajo sospecha por una parte importante de la población.

La falta de renovación del cuadro político brasilero también preocupa, ya que no se identifica, en el horizonte próximo, liderazgos jóvenes capaces de asumir el papel de líderes tradicionales. Marina Silva ciertamente tendrá un papel importante en los próximos años, especialmente en el marco del creciente calentamiento global y de la grave crisis ambiental.

Otro punto a ser aclarado, en el futuro próximo, es la real dimensión política de Lula, después del evidente desgaste que sufrió por el proceso de destitución de Dilma, su ahijada política. No se puede pasar por alto que el proceso de deconstrucción de la imagen de Lula ante parte de la población fue muy exitosa y no se sabe con certeza como sobrevivirá a los procesos judiciales que seguirán y a una prensa mayoritariamente hostil a su figura pública, incapaz de reconocer su legado de inclusión de millones de brasileros, sacados de la miseria. Para una parte importante de la población Lula, Dilma y el PT son vistos apenas como “miembros de una cuadrilla que saquearon el país”, como si fuera posible concentrar todas los males históricos de un país tan desigual como el Brasil en un solo agremiación política o en dos personas en particular.

El enfrentamiento y la polarización política, que se reproduce en diversos países de la región, parecen haber tomado fuerza en los últimos años en Brasil ¿Cómo se cierra esa brecha?

El país está, y continuará, dividido sin posibilidades de juntar las puntas y pensar un proyecto conjunto a mediano plazo. Eso es un peligro para la democracia porque posibilita que candidatos personalistas, populistas y sin respaldo partidario, pero con una fuerte estrategia en los medios de comunicación y con una población poco informada y cada vez más radicalizada, puedan ser electos para los más altos cargos de dirección del país. En los últimos veinticuatro meses la polarización política superó, en mi opinión, cualquier otro país del continente, incluso Argentina y Venezuela, más acostumbradas a fuertes enfrentamientos políticos. Y eso no formaba parte de nuestra tradición política, que siempre dio lugar a grandes conciliaciones y acuerdos entre las élites políticas, incluso en tiempos complejos. Lo que vi y oí, especialmente a través de Internet, en estos últimos dos años para mí es inédito en términos políticos. La deconstrucción del otro, la falta de respeto a la opinión ajena, las expresiones de odio hacia las mujeres, la comunidad LGBTI, las poblaciones indígenas y negras, los migrantes, entre otros, con todo tipo de resentimientos, me deja bastante preocupado con nuestro futuro, en especial con el evidente retroceso de lo que era nuestra impresionante agenda de derechos humanos.

 ¿Cuál es la autocrítica que se debiera hacer desde los sectores progresistas de Brasil?

Para la izquierda brasilera la destitución de Dilma fue un golpe durísimo y llevará años hasta que se pueda reconstruir y pensar un nuevo proyecto para el país. Para el Partido de los Trabajadores es una lección dolorosa: el ejercicio del poder real y pragmático, el acomodarse a las estructuras tradicionales de poder corruptas, la excesiva ampliación del arco de alianzas políticas, además de la demagogia electoral, no pueden ser el mejor camino, a pesar de ser más corto en relación a ciertos resultados políticos y que determinados momentos haya parecido fascinante -especialmente en los años de apogeo de Lula como líder indiscutible regional e internacionalmente.

Ese es el principal desafío de la izquierda y, en especial del Partido de los Trabajadores, la capacidad de hacer, verdaderamente, una autocrítica más allá del proceso de victimización de Dilma, y reconocer que cometió errores políticos graves, dejó de hacer reformas importantes para el país, y tomó decisiones económicas por las cuales Dilma y el gobierno pagaron un costo muy caro, como es cierto que todo el país también lo pagó y pagará esa cuenta, que no es sólo financiera o contable. Pero es la cuenta de la ciudadanía la que más me preocupa. Con el nuevo gobierno, ya no más provisorio, el peor escenario es la pérdida progresiva de derechos sociales y económicos que nos costó mucho conquistar.

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* Traducido por Sofía Castro Mariel

[1]http://www.asuntosdelsur.org/opinion/brava-gente-brasileira

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