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A propósito de los resultados de IPSOS para RTP

Los resultados de la empresa IPSOS[1]respecto a la popularidad del presidente Morales, del vicepresidente García Linera, de la situación de la justicia o del manejo de conflictos en Bolivia no expresan simple y únicamente un descenso en la popularidad del partido en gobierno y sus integrantes, como varios analistas políticos sostienen, así tan mecánicamente. Es también un reflejo de cierta narrativa gubernamentalque se ha apoderado de la opinión pública desde los resultados del Referéndum por la modificación del artículo 168 sobre la repostulación del presidente Morales o desde la denuncia de tráfico de influencias en el Fondo Indígena y sobre todo, entre la empresa china CAMC y el gobierno.

Es necesario precisar lo de la narrativa gubernamental: la derrota en el referéndum del 21 de febrero, así como las denuncias de corrupción y tráfico de influencias significaron tácitamente que el liderazgo de Evo Morales es indiscutible e insustituible. Por esto, en cualquier escenario en contra, sea una derrota electoral, una relación amorosa fallida o un caso de corrupción mayor, la imagen del presidente Morales no debería resultar afectada. Quienes sí toman la responsabilidad son aquellos con mayor poder retórico, como el vicepresidente García Linera la ministra Paco, el ministro Quintana o el ministro de Defensa Ferreira. De lo que se trata, en esta narrativa, es presentar a un líder incorruptible, trabajador y totalmente entregado a Bolivia a través del Proceso de Cambio. Esta construcción narrativa, que se ha llamado aquí narrativa gubernamental, no es un hecho de reciente data: el Nacionalismo Revolucionario (1952 -1964), al construir su propio relato –partiendo de que la historia la escriben los vencedores- tendía a enfocarse en personajes singulares (Víctor Paz Estenssoro, Juan Lechín Oquendo, Fellman Velarde o Hernán Siles) que obviando los movimientos de insurrección colectivos, sean los mineros de Milluni o el movimiento fabril que lucha en el barrio de Villa Victoria en La Paz, contribuyendo ambos a la Revolución de abril de 1952[2], presentan que dicho evento –de gran magnitud para el país- lo construyen personajes concretos y singulares, que integran el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Entiéndase entonces, que la narrativa es la intención estatal por construir un relato que, con grandes probabilidades, es el que pueda apoderarse de la historia.

En la narrativa gubernamental, probablemente con la intención de construir un relato donde la corrupción y la crisis de justicia son ajenas a Evo Morales y el Proceso de Cambio, es de donde Morales sale mejor parado. Como demuestran los porcentajes de popularidad de la empresa IPSOS: la clase media en el eje troncal aprueba con 46% al presidente (frente a un 45% que lo desaprueba) y la clase popular lo aprueba con 62%. Existe además otro dato curioso que respalda a la narrativa: los porcentajes de aprobación a la gestión del gobierno son contrarios en Cochabamba (47%) y en La Paz (55%), en El Alto (49% – 41%) y en todo el eje troncal (46% – 44%). En Santa Cruz, la gestión del gobierno tiene un porcentaje a favor, 52%.

Morales no goza de popularidad en las clases altas y media alta del eje troncal porque 52% lo desaprueba. Aunque aquí está la otra cara de la narrativa gubernamental: el presidente tan incorruptible como se lo presenta, se dedica al pueblo que lo ha elegido, entendiendo por pueblo a las capas sociales que se encuentran entre las clases populares y las clases medias, además de bolivianos entre 40 – 70 años de edad (55% frente al 49% de jóvenes entre 18 -24 que lo desaprueba). La derrota del referéndum habría significado eso también: el Movimiento Al Socialismo debía aferrarse al pueblo, sea en el ámbito rural o en las ciudades. El efecto de toda esta estrategia –sin querer decir que el objetivo sea una re postulación a pesar del referéndum- es la baja aprobación del vicepresidente García Linera, 50% desaprueba su gestión en el eje troncal y en Cochabamba, de donde él viene, 52% lo desaprueba.

La relación de fuerzas

Hay que aceptar que como dicen otros analistas políticos, la popularidad del presidente Morales ha descendido notablemente. La estrategia de la narrativa gubernamental, ante eventos que afectan al Proceso de Cambio, es justamente remediar la imagen del presidente. Podría decirse a grosso modo que la única fuerza antagónica del partido oficialista son sus propias falencias, represión, hechos de corrupción y casos de tráfico de influencias. En este escenario se revelan dos cosas: existe una crisis en la mediación de la representación política (asambleas legislativas departamentales, así como diputados y senadores) y la deslegitimidad en el manejo de conflictos desde el gobierno.

La crisis en la representación política como mediación no quiere decir que no exista renovación política tanto en el Movimiento Al Socialismo como en los partidos opositores: existen nuevos liderazgos y aunque sus visiones no difieren del propio partido –lo que sugiere una tendencia a una fuerte estructuración de cada partido- de lo que trata es el poco debate al interior de las asambleas. Los porcentajes a favor de alcaldes y gobernadores de oposición en La Paz (58% a Revilla, 42% a Patzi), en Cochabamba (58% a Leyes) y Santa Cruz (67% a Costas, gobernador) demuestran que existe una relación positiva entre formas estatales (gobierno central, gobierno departamental y gobierno municipal) y sociedad civil, porque cuando se habla de la aprobación o no del congreso, los porcentajes son negativos: 46% desaprueba al congreso en el eje troncal, frente al 35% que lo aprueba, lo que va estrechamente ligado a los índices de desaprobación para la oposición que en La Paz es 61%, en la ciudad de El Alto, 71%, mientras que en Cochabamba y Santa Cruz, 56% y 50% respectivamente. La relación de fuerzas está enmarcada entonces entre el partido en gobierno que se estructura principalmente con movimientos sociales para llegar a lo que se ha denominado pueblo, mientras que la oposición parece no estructurarse de la misma forma. Desde aquí, podría decirse que la representación política es instrumental en el congreso pero también, que la oposición real solo se mantiene como fenómeno regional y bastante enfocado en la gestión y no tanto en la mediación.

El manejo de conflictos desde el gobierno tiene dos aristas: una, del diálogo con las demandas de distintos movimientos sociales –que últimamente parecen ser de total oposición al gobierno, como el de las personas con discapacidad- y otra, de la creación de leyes para regular el conflicto. La estrategia del partido en gobierno ha sido la de desgaste, de evitar el diálogo –a pesar de la retórica- con los demandantes hasta llegar a un punto en el que los implicados están entre retirarse del conflicto o aceptar las propuestas de los ministros (evitando cualquier diálogo con el presidente Morales). A la luz de la represión por parte de la policía boliviana a las personas con discapacidad y lo acontecido con COMCIPO en 2015, los porcentajes respecto al manejo de conflictos son notablemente negativos: 76% de desaprobación en La Paz, 75% en El Alto, 71% en Cochabamba y 61% en Santa Cruz. Por otro lado, cuando se habla sobre la regulación del conflicto, los porcentajes respecto al poder judicial boliviano son de desaprobación, desde el 52% de desaprobación en Santa Cruz hasta el 72% en La Paz. Esto quiere decir que la crisis en el poder judicial es evidente pero sobre todo, que la sensación que deja la Cumbre de Justicia realizada en los primeros días de junio es de un futuro todavía incierto: se trata de mas represión desde el Estado (la aprobación por unanimidad de la cadena perpetua para violadores, el incremento de penas o el control social que será ejercido por los movimientos sociales afines al MAS a jueces y fiscales respaldan esto) así como del poco alcance del debate respecto a la crisis de justicia en el país (de 1500 participantes, 73% pertenecía a movimientos sociales afines al oficialismo frente a menos del 6% de académicos y Colegios de Abogados y menos del 1% de participantes que provenían de la sociedad civil).

Posibilidades de articulación (estructura vs. coyuntura)

Los resultados de las encuestas dicen tres cosas: que se trata de aislar al presidente Morales de todos los eventos que podrían perjudicar su gestión –Morales dijo recientemente que no planea un nuevo referéndum ni una nueva gestión- y que se presenta una narrativa gubernamental; que existe una tensión entre dos formas de hacer política, de articular sectores y de “hacer gestión”; y que la coyuntura presenta a un Estado más grande, más represivo pero también más inclusivo, como cuando se habla de la nueva ley de identidad de género o las modificaciones al Código Penal que “descriminalizarían” el aborto.

Las posibilidades de articulación entre la estructura estatal, estructuras de mediación y sociedad civil son entonces limitadas: por un lado, lo represivo ha creado una primera fragmentación entre el Estado y los trabajadores, con la COB en medio, y por otro, lo inclusivo tiende a asimilar a sectores vulnerables de la población. Esto crea una paradoja: el Estado es democrático en tanto otorga derechos a variados movimientos sociales, pero restringe lo democrático cuando en los derechos otorgados establece su diferencia como Estado en relación con los movimientos sociales.

[1]Dicha encuesta se realizó entre el 1 y 20 de junio del 2016, a hombres y mujeres entre 18-70 años e integrantes de todos los niveles socioeconómicos que en el área urbana del “Eje Troncal” boliviano (las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz), comprendiendo 1060 personas encuestadas.

[2]Murillo, M. La bala no mata sino el destino. Una crónica de la insurrección popular de 1952 en Bolivia. Plural Editores. 2012.

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Wim Kamerbeek Romero

Politólogo por la Universidad Católica Boliviana, posee estudios en Negocios Internacionales por la Rotterdam Business School y actualmente es analista político en “Periodistas Sin Fronteras” en la radio Doble 8 de La Paz, Bolivia | Tw: @Wimcho 

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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