CERRAR X

CONTÁCTENOS

Gracias! Nos pondremos en contacto.

Oops! Tente novamente

A 25 años de la creación del Mercosur: Una nueva fase de integración

En sintonía con los acuerdos que se habían llevado adelante durante la década de 1980 entre los gobiernos del Cono Sur, el 26 de marzo de 1991 se dio un paso fundamental en las relaciones de los países que componen esta región: la firma del tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que formalmente dio nacimiento el Mercado Común del Sur. Resulta importante, a 25 años de esta fecha, recordar los motivos que llevaron a su creación, así como también plantear los desafíos que estos países tienen por delante en su proyección como bloque sub-regional.

Más allá de que los principales instrumentos que sentaron las bases del Mercosur –el mencionado Tratado de Asunción y el subsiguiente Protocolo de Ouro Preto (1994)– lo erigieron como un acuerdo eminentemente comercial, no caben dudas de que este proyecto de integración regional ha tenido, a lo largo de su historia, un fuerte componente político. Ya en los tiempos previos a su conformación, los principales esfuerzos de estos gobiernos apuntaban al fortalecimiento de las recientemente reinstauradas democracias, siendo que compartían las terribles consecuencias de dictaduras caracterizadas por graves violaciones a los derechos humanos. Es por ello que los gobiernos de la región, tanto en los ’80 como en los ’90, tuvieron la misión de consolidar el régimen democrático como forma de gobierno en estos países, y vieron en la cooperación regional un instrumento clave –especialmente tomando en consideración que, en el pasado, estos Estados habían mantenido diversas hipótesis de conflicto.

En este sentido, en un contexto mundial que se caracterizaba por la proliferación de los acuerdos económicos de integración regional, los países del Cono Sur decidieron aunar sus estrategias económicas de inserción global y sus objetivos de política interna, con miras a reforzar los lazos de cooperación y solidaridad junto a los países vecinos.

Este proceso de integración regional ha atravesado diversas situaciones complejas, como las crisis económicas de fines del siglo XX y principios del actual. Incluso en aquellos períodos de mayor complejidad, los debates han girado en torno al fortalecimiento del esquema integrador para salir de éstos, y no tanto sobre la utilidad de mantener el proyecto. Hoy en día no se pone en duda, en términos sustentables, las virtudes de un espacio compartido para maximizar esfuerzos e intentar dirimir las diferencias.

El paso del tiempo le ha dado al Mercosur otra fisionomía. Se han agregado dos Estados de la región suramericana –Venezuela y Bolivia-, así como también se incorporaron temas que estaban por fuera de la agenda comercial que le dio impulso. Esto va en línea con el cambio en la concepción misma de la integración regional, propia del siglo XXI, en la cual los aspectos económicos no son dejados de lado, pero tampoco poseen preeminencia sobre las cuestiones de índole política. En este sentido, los temas vinculados a lo social, en términos generales, y a los derechos humanos en particular, han dotado de un contenido diverso a este proyecto.

A este respecto resulta fundamental subrayar el trabajo por acercar a la sociedad los alcances y contenidos del Mercosur, de modo tal que éste no quede únicamente como un proceso guiado y compuesto exclusivamente por los gobiernos. La constitución de órganos como el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), el Instituto Social del Mercosur, el Parlasur o la Unidad de Apoyo a la Participación Social le han dado al proceso de integración regional un cariz más cercano a los pueblos que componen el bloque, con el objetivo de que éstos sean a su vez agentes activos de las dinámicas integracionistas.

En este sentido, las Defensorías del Pueblo, como instituciones democráticas relativamente nuevas en la arquitectura institucional de los Estados de la región, tienen la posibilidad de contribuir decididamente al fortalecimiento y desarrollo del proceso integrador. En términos generales, las Defensorías del Pueblo se posicionan como un nexo entre las instituciones del Estado y las necesidades, demandas y derechos de la población. Estas instituciones tienen el mandato de articular su trabajo para que las demandas y necesidades de la población tengan una respuesta tangible por parte de las instituciones del Estado, y es por ello que la función de colaborador crítico adopta distintas formas, como las recomendaciones, monitoreos de políticas públicas y proyectos de ley, investigaciones, por citar sólo algunas.

En tanto actores estatales no gubernamentales, estas mismas funciones que las Defensorías del Pueblo llevan adelante dentro de sus territorios de competencia puede ser llevada también al espacio del Mercosur, en las distintas instancias regionales en las cuales se prevé la participación de otras instituciones que no sean los gobiernos nacionales. A su vez, las Defensorías del Pueblo pueden incorporar, en sus tareas de promoción y difusión de derechos, aquellas iniciativas que desde el ámbito regional se estén llevando adelante, con miras a un mayor acceso a los derechos por parte de los habitantes de la región. De este modo, las Defensorías del Pueblo pueden vincularse en modo dinámico con la institucionalidad regional, a la vez que cumplir con su mandato legal/constitucional. 

En este 25° aniversario del Mercosur, el escenario de fondo ha cambiado sustancialmente, tanto en términos globales como regionales. Actualmente coexisten diversas interpretaciones, entre los jefes de Estado de la región, sobre las bondades y potencialidades de la integración regional. A su vez, los países del bloque tienen una multiplicidad de desafíos por delante, en lo económico y en lo político, tanto en lo que hace a su funcionamiento interno como a su relación con otros actores regionales (como la Unasur) y extra-regionales (como los principales actores del sistema internacional).

Finalmente, es necesario redoblar los esfuerzos para mantener aquellas metas logradas en el trabajo mancomunado de los pueblos y los gobiernos que integran este proceso, así como también identificar aquellas áreas en las cuales cada uno de los actores en cuestión pueden (y deben) comprometerse políticamente para mantener vivo aquel espíritu de solidaridad y colaboración que los unió hace 25 años.

VOLVER A LISTADO
Más opiniones de

Marceo Honores

Secretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires (Argentina).

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

Más opiniones deste autor