Derechos Sexuales y Reproductivos en El Salvador

El 14 de octubre de 2015, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador publicó el Informe Especial sobre el Estado de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos con énfasis en Niñas, Adolescentes y Mujeres en El Salvador. Después de su lectura, consideré importante hacer una reseña del texto para que su información sea conocida en otros contextos fuera de El Salvador, ya que la temática en discusión tiene importancia a nivel de la geopolítica de los Derechos Humanos a nivel de América Latina, principalmente, pero también tiene implicaciones para otras regiones del mundo. El Informe tiene como propósito el de contribuir a la identificación de las causas y consecuencias del embarazo en niñas y adolescentes, desde el análisis de las obligaciones que tiene el Estado salvadoreño para prevenir y atender esta problemática.

El informe se estructura en cinco capítulos. El primero trata sobre las consideraciones conceptuales y metodológicas utilizadas para indagar sobre la problemática, destacándose la utilización de A Guide in Support of National Human Rights Institutions: Country Assessments and National Inquiries on Human Rights in the Context of Sexual and Reproductive Health and Well-being, publicada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2015. En el segundo capítulo se presenta un breve análisis situacional del embarazo en niñas y adolescentes, el cual se aborda considerando seis área temáticas: a) acceso a la información y a los servicios de salud reproductiva, b) la interrupción voluntaria de la gravidez, c) la prevención y tratamiento VIH/Sida, d) la educación integral de la sexualidad, e) a violencia de género y f) la prevención de la discriminación por orientación sexual o identidad de género. En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones a las siete temáticas abordadas en el capítulo anterior. Por último, en el quinto capítulo se presenta en una matriz las recomendaciones, las cuales se adjuntan a las observaciones y recomendaciones hechas por los Órganos de Supervisión de Tratados al Estado Salvadoreño.

El acceso a la información y a los servicios de salud reproductiva están establecidos en diferentes leyes y políticas nacionales, no obstante, estas no son suficientemente conocidas y aplicadas por los funcionarios de las instituciones responsables de su implementación. En el currículum nacional se desea incorporar las temáticas de educación integral para la sexualidad, pero este avance es lento, sólo el 5.5% de los profesores están capacitados para implementar tales mudanzas. Persiste la falta de recursos para la implementación de las políticas y leyes en las diferentes instituciones del Estado. Otra limitante es la provisión de métodos anticonceptivos para adolescentes y la restringida disponibilidad de insumos, dando como resultado que los servicios de salud poseen pocas opciones en este ámbito

La interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador presenta serias dificultades, ya que desde 1997 se penaliza cualquier tipo de aborto, lo cual viola los derechos de las mujeres que presentan complicaciones obstétricas que derivan en la pérdida del producto. Ante cualquier indicio de aborto las mujeres son tratadas como “homicidas” tanto por los empleados de las instituciones de salud, la policía y la Procuraduría General de la República. Las condenas que se han emitido cuentan con penas de prisión exacerbadas entre 30 a 40 años. Esta situación coloca al Estado salvadoreño en una posición contraria a Convenios, Pactos y Acuerdos de carácter internacional que el propio Estado es signatario.

Respecto a la atención de la salud materna para garantizar un embarazo y partos seguros se debe reconocer que el Estado desde el año 2011 logró llegar a la meta 5 de los Objetivos del Milenio, la cual consistía en mejorar la salud de las embarazadas por medio de reducir la mortalidad materna de 71.2 para 52 por cada 100,000 nascidos vivos. Para el año anterior en El Salvador la mortalidad materna había descendido a 50.8 por cada 100,000.

La prevención y tratamiento del VIH/Sida, más que hablar de una cuestión médica estamos ante una cuestión social de estigma y discriminación, donde un aproximado de 50% de las personas viviendo con VIH reporta haber sido discriminado por lo menos en alguna oportunidad, y lo más preocupante que esta discriminación sucede al interior de la familia, personas de la comunidad y por los empleados de los distintos servicios de salud. No obstante, pese las dificultades mencionadas, de forma general se reconoce que El Salvador ha realizado un buen trabajo en las temáticas de VIH, sobre todo en la generación de datos para la toma de decisiones y los importantes vínculos entre la sociedad civil y el Gobierno, claro con momentos de tensión y desacuerdo, pero logrando establecer criterios para un trabajo en conjunto.

La educación integral de la sexualidad continúa siendo una temática tabú en muchos sectores de la sociedad. Sectores conservadores desean que esta sea una responsabilidad única de los responsables de familia, ya que argumentan que tal educación promueve entre niños y adolescentes el temprano inicio de las relaciones sexuales. En contraposición, las juventudes organizadas siguen demandando el acceso a la información, así como a los servicios de salud afines para adolescentes y jóvenes, debido a la limitada oferta y la falta de especialización de los funcionarios del sistema educativo y del sistema de salud. Las niñas, adolescentes y jóvenes aun no son plenamente reconocidas como sujetas de derechos.

La violencia de género es un tema amplio. Esta está asociada a la violencia física, o visible, que las mujeres sufren al interior de sus hogares, más otros tipos de violencias son naturalizadas, como el embarazo en la adolescencia. Prácticas culturales naturalizan el embarazo en niñas, incluso a partir de 9 años de edad, e las relaciones con hombres mayores de 20 años o más de diferencia de edad. En este tipo de relaciones prevalece una jerarquía de poder que limita el desenvolvimiento integral de niñas y adolescentes. Así mismo, se sigue considerando que el embarazo en la adolescencia no es consecuencia de una violencia sexual, y por tanto, no es un delito. No se denuncia, no se procesa y no se sanciona.

Desde el año 2010 la prevención de la discriminación por orientación sexual o identidad de género se ha ido incorporando al aparato estatal. Con la creación de la Dirección de Diversidad Sexual, la Mesa Permanente LGBTI al interior de la Procuraduría de Derechos Humanos, la emisión del decreto ejecutivo N° 56 y de la resolución ministerial N° 202 del Ministerio de Salud; el Estado trata de dar respuesta a los graves problemas que padecen todas las personas LGBTI en El Salvador. No obstante, respecto a la violación de los derechos sexuales y reproductivos en este segmento de la población, no se cuenta con información específica por edades que facilite el análisis y dé visibilidad a su situación específica y sus interrelaciones en el ámbito nacional.

Para finalizar sus conclusiones y recomendaciones se colocan de una forma diferente para un informe nacional. Las recomendaciones son anexadas a las observaciones hechas por otros organismos internacionales, reforzándolas de tal manera para que sean reconocidas como un asunto nacional y no como injerencia internacional como sectores conservadores argumentan para este tipo de disposiciones internacionales.

Referencia

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (2015): Informe Especial sobre el estado de los derechos sexuales y derechos reproductivos con énfasis en niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador, San Salvador: PDDHH. Disponible en http://www.pddh.gob.sv/component/jdownloads/viewdownload/5/187?Itemid=135