Por Alberto Herrera Aragón

Director Ejecutivo Amnistía Internacional México

La violencia contra las mujeres se ha caracterizado por el anonimato y la simulación en el actuar de las autoridades. Los Estados y las sociedades han guardado silencio durante mucho tiempo ante, quizás, la peor catástrofe de derechos humanos en la actualidad.

El pasado 27 de julio, Amnistía Internacional presentó en la Ciudad de México un informe que evidencia la crítica situación que viven las mujeres y niñas nicaragüenses, así como los y las profesionales de la medicina, en un Estado donde interrumpir el embarazo, bajo cualquier circunstancia, puede llevarlas a prisión.

El Código Penal nicaragüense, reformado en el año 2008, establece largas penas de cárcel para las mujeres y las niñas que soliciten o consigan que se les practique un aborto y para las y los profesionales de la salud que proporcionen estos servicios, aún en los casos en los que la interrupción del embarazo podría significar el último recurso para salvar la vida de estas mujeres y niñas.

Estas disposiciones penales son discriminatorias e ilegales. Discriminatorias porque condenan únicamente a mujeres y niñas a enfrentar situaciones que las ponen en un plano de vulnerabilidad al tener que enfrentar un embarazo que ha sido producto de una violación o de incesto, o bien que les imposibilita la atención médica oportuna ante complicaciones clínicas que ponen en riesgo su salud y en última instancia su vida. Y son ilegales porque contravienen disposiciones en materia de derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales a los que Nicaragua se ha obligado voluntariamente. De esta forma, distintos órganos internacionales tales como el Comité Contra la Tortura de la ONU, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han condenado esta legislación violatoria de derechos humanos.

El caso de Nicaragua representa, por su extrema gravedad, la preocupante situación de impera en la región latinoamericana donde los Estados no han sido capaces de modificar sus legislaciones para adecuarlas al marco jurídico internacional que establece estándares en materia de derechos humanos de las mujeres. Es así como los derechos civiles y políticos, así como los económicos, sociales y culturales de las mujeres son vulnerados sistemáticamente en una región donde los débiles aparatos de procuración e impartición de justicia no garantizan la debida protección y acceso a la justicia ante casos de mujeres que han sido víctimas de abusos. Sumado a esto, el acceso a los servicios de salud en materia sexual y reproductiva suele ser escaso si no inexistente, incrementando con esto los niveles de mortalidad materia.

La despenalización del aborto y la garantía del acceso a servicios de salud oportunos y de calidad para las mujeres no es un debate religioso o ideológico; es una obligación de los Estados para el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos. América Latina tiene una enorme lección que aprender del vergonzoso caso nicaragüense donde las mujeres y las niñas deben pagar el precio de un debate donde la religión y la ideología han logrado tomar la palabra.

¿Cómo aislar el análisis sobre la importancia de la descriminalización del aborto de las dimensiones religiosas e ideológicas para poner en el centro de la discusión los estándares internacionales de derechos humanos? ¿Cómo podemos transformar el debate legal en materia del aborto en América Latina para prevenir la violacion de los derechos humanos de las mujeres? ¿Con qué obstáculos legislativos se encuentran los países latinoamericanos a la hora de armonizar sus cuerpos normativos con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres? ¿De qué forma la pobreza en la región impacta en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?

EDITORIAL: