Política antidroga: Cambio de política pensando en los países productores..
Por Sergio Triana |ADS|
La política antidrogas ha dado pocos resultados en la reducción de sus tres componentes de producción, tráfico y consumo, reflejado en los pobres avances sobre los indicadores obtenidos al tomar como estudio de caso el “Plan Colombia” y el “Plan de Mérida”. La deficiente formulación e implementación de la política ha tenido a los países productores como los mayores damnificados, ya que la política no ha tenido un camino claro y ha sido guiada por la agenda de turno de Estados Unidos, estableciendo métodos coercitivos como la “certificación de la lucha antidrogas”. Para entender las bases sobre las que se plantea el cambio de política se deben retomar las falencias de los tres componentes de ésta.
En el campo de la producción la inversión se ha basado en la fumigación, posteriormente la inclusión de la erradicación manual y la destrucción de laboratorios clandestinos. En la primera actividad existe a la fecha un fuerte debate sobre los efectos negativos que tiene la fumigación sobre el medio ambiente y la salud de los campesinos. Los defensores de la fumigación argumentan que se han hecho varias pruebas en el medio ambiente y humanos previos a la fumigación masiva y no se han encontrado daños significativos. La contra parte ha mostrado elementos claves para contra restar esta decisión al encontrar hectáreas de tierra o parcelas que una vez fueron fumigada se transformaros en tierras infértiles, y se han descubierto casos de malformaciones o enfermedades en campesinos que habitaban la zona. La erradicación manual es mucho más costosa y más peligrosa para civiles y miembros de las fuerzas militares, ya que se requiere de una estrategia militar en el campo para la protección de los civiles que llevan a cabo la labor. Debido a que las minas antipersonales son un factor clave de los grupos ilegales dentro de la estrategia militar y en la actividad del minado las personas que implementan el programa resultan mutiladas o lisiadas.
Así mismo, se han implementado varios programas de subsidios para los campesinos para promover el cambio a cultivos productivos. Estos en ciertos casos han tenido éxito pero se continúa partiendo de la premisa en que el campesino es quien tiene que sacrificarse al ver afectada su seguridad por posibles represalias y ver una reducción en sus ingresos. Es por esto que la política debe tener un fuerte componente en el que se traté de darle un beneficio económico y social comparable al esfuerzo financiero y personal al cual se está haciendo cargo por el bien común.
Para este componente se puede afirmar que la reducción en la producción de drogas y el número de hectáreas sembradas no ha sido significativa, y una vez más quienes se ven directamente afectados por la ejecución de estas políticas es la población más vulnerable que se encuentra en zonas rurales de los países productores y no los países que formulan la política.
El componente del tráfico ha mostrado que continua con fuertes falencias ya que los grupos terroristas, grupos armados ilegales, narcotraficantes y carteles siguen obteniendo fuertes ingresos que les permite continuar manejando parte del mercado y sus actividades contra la sociedad civil. En los países del área andina, se sigue manteniendo el monopolio de la producción que a través de las redes de tráfico amasan grandes fortunas que financian el conflicto interno en países como Colombia alimentando el efecto negativo que tiene sobre la población de los países productores. Casos como el brasileño muestran que la cantidad de muertes directas que genera el consumo de drogas ilícitas miles de veces inferior (en número de personas) a las muertes directas por la producción, tráfico y conflicto interno. El financiamiento de grupos terrorista y grupos armados ilegales a través del narcotráfico alimenta sus actividades delictivas en contra de la sociedad civil utilizando figuras como el secuestro, ataques terroristas, reclutamiento forzado, entre otros. De igual forma tienen el poder económico y coercitivo para filtrar las ramas del poder afectando el ejercicio sano de la democracia y el respeto del estado de derecho.
En el caso colombiano la guerra es un gran negocio para las partes en conflicto, representado en la inversión militar por parte del gobierno (soportada en su mayoría por impuestos) y el tráfico de drogas de los grupos terroristas, generando una carrera armamentista. Para el 2010, Colombia por primera vez verá superada la inversión pública en seguridad en relación al gasto en educación pública.
El consumo en el mundo no para de crecer, lo que hace pensar que se necesita comenzar a invertir en herramientas dentro del sistema de protección social que permitan prevenir y tratar el consumo y posible adicción. Resulta prioritario implementar una acción directa, ya que casos como el de Estados Unidos muestran que se está invirtiendo más en los primeros dos componentes de la política antidrogas y no en el consumo, teniendo el porcentaje más alto del mundo con 14%, y solo 300 millones de habitantes. Como posible propuesta para el cambio de política en este componente se puede retomar la tesis que argumenta la legalización del consumo basado en el caso del alcohol, ya que se plantea que una vez se dé más énfasis en las políticas antidrogas a las dimensiones de tratamiento y prevención, se podrán concentrar la inversión y estrategias militares contra el tráfico y el crimen organizado. De esta manera es posible que se afecten los precios y se atacará directamente a los grupos narcotraficantes y terroristas asesinan, extorsionan y acaban con la biodiversidad a través de la tala desplazan forzosamente a campesinos.
Los beneficios que hipotéticamente traería la regulación del consumo son: i) el estancamiento del crecimiento del consumo, basado en la experiencia de los países bajos; ii) la regulación se fortalecería con una legislación que proteja a través de seguros que se obtendrían de la recolección de impuestos a los consumidores con el fin de que puedan ser tratados; iii) el nivel de muertes violentas y criminalidad disminuiría a nivel urbano; y iv) la inversión pública en el caso de Estados Unidos de casi 15 billones de dólares en políticas antinarcóticos se podrían usar en proyectos sociales o para tratar a los consumidores.
Actualmente en Colombia se encuentra en curso en el congreso un proyecto de ley en el que se plantea la prohibición del consumo, sobre la premisa que de esta forma se abrirá el espacio para el tratamiento y será más fácil hacer seguimiento. Este argumento resulta vago, ya que en la iniciativa legislativa no se plantean las herramientas, sistemas para categorizar al “adicto” y recursos de asistencia social a los cuales tendrán derecho los consumidores. Este resulta un ejemplo más de la política hecha de acuerdo a necesidades de la agenda política y sin ser socializados con verdaderos expertos en el tema. En caso que llegue a ser aprobado no existirá forma en que el maltrecho sistema de protección social y sus seguros puedan soportar la avalancha de supuestos “adictos” que la ley le obligará atender.
En conclusión, se necesita un cambio sólido de la política antidroga, impermeable a intereses guiados por una agenda política y sin cambios incrementales en la política que no tienen un efecto significativo y perjudican de manera drástica a los países productores. Esperemos que la reforma planteada por la administración Obama traiga estos cambios, pero buscando el beneficio de los países productores.
