La esquiva responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico.
Por Markus Schultze-Kraft.
Director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group. Las opiniones expresadas en este artículo son de la sola responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan las posiciones de Crisis Group.
No hay la menor duda que las políticas antidrogas que se han implementado en el último decenio en América Latina, Estados Unidos y Europa no han logrado sus dos objetivos centrales: reducir la oferta y demanda de sustancias narcóticas y psicotrópicas ilícitas. No es el lugar aquí de entrar en el debate sobre las cifras, tanto respecto al consumo como la oferta, el potencial de producción o, por ejemplo, el número de hectáreas cultivadas con arbustos de coca en Bolivia, Colombia y el Perú. Lo que debe estar claro para cualquier persona que tenga un interés en estos asuntos, y sobre todo si el interés nace de, y el conocimiento tiene su base en, observaciones que se hacen desde América Latina, es el hecho que no se ha podido derrotar a las organizaciones transnacionales de narcotraficantes y que el tráfico ilegal de sustancias prohibidas sigue en auge. La actual situación en México es un claro y dramático reflejo de esta realidad.
Dicho de manera estilizada, el año en curso ha visto dos acontecimientos importantes respecto al tema de las políticas antidrogas en el mundo. Por un lado, las Naciones Unidas concluyeron una revisión de las actuales políticas y del régimen internacional de control de sustancias narcóticas y psicotrópicas, que terminó con el veredicto de “business as usual”. Por el otro lado, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (CLDD), presidida por los ex presidentes César Gaviria (Colombia), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y Ernesto Zedillo (México), lanzó el informe “Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma¨, que de manera inteligente y convincente cuestiona la “sabiduría” de las convencionales políticas antidrogas.
En efecto, es la primera vez que un grupo de notables latinoamericanos haya hecho el esfuerzo de plantear sistemáticamente un “cambio de paradigma” respecto a un asunto –el narcotráfico transnacional y sus nefastas consecuencias para el bienestar de las sociedades de América Latina- de primordial importancia para la región. Los miembros de la CLDD entendieron que con las políticas represivas actuales no habrá salvación para América Latina. Por tanto, plantean un nuevo enfoque, que por medio del debate abierto, incluyente e científicamente informado busca abrir espacios para un tratamiento diferente del narcotráfico, y la violencia disparada y la progresiva deterioración de las sociedades y sus instituciones democráticas que conlleva.
El mensaje fundamental de la CLDD es que las políticas punitivas, prohibicionistas y represivas no funcionan y que se debe enfrentar el problema de las drogas ilícitas y del narcotráfico transnacional en función del mejoramiento de la salud pública y del bienestar de las sociedades, sin olvidarse de la necesidad de actuar de manera contundente, por medio de la rigurosa aplicación coercitiva de la ley, en contra de los grupos e intereses criminales que el narcotráfico internacional ha engendrado o está financiando.
Ahora bien, ¿cómo se puede lograr este “cambio de paradigma” para que efectivamente haya mejoras, tanto para la salud pública en las sociedades afectadas por el consumo de drogas ilícitas (que hoy incluyen a muchos países del Sur globalizado) como los estados enfrentados a la gran amenaza de las organizaciones criminales y de narcotraficantes (sobre todo en América Latina pero también en Estados Unidos y Europa)? Obviamente, no voy a pretender tener una respuesta lista. Como bien dice la CLDD, hay varios asuntos cruciales que se deben tener en cuenta en este debate, empezando con un esfuerzo riguroso de conocer a fondo lo que han sido las diferentes experiencias respecto al tratamiento médico y social del problema del consumo de drogas en el mundo. Otros tienen mucha más experiencia y experticia en estos temas que yo. Lo que sí quiero resaltar en este contexto es la importancia de discutir de nuevo, y más a fondo, el tema de la “responsabilidad compartida”.
En la Declaración Política de 1998 la comunidad internacional se comprometió de manera formal con el concepto de la responsabilidad compartida, es decir se logró un consenso acerca de la necesidad de tomar medidas antidrogas tanto en los países productores como en los países consumidores. En retrospectiva, esto parece más bien un asunto de sentido común que un logro transcendental. Es indudable que la lucha contra el narcotráfico es por definición una tarea global que no puede ser limitada a una sola parte de la ecuación, es decir, a los países productores o consumidores –una distinción que de todas maneras hoy ya no existe. En cambio, la lección verdaderamente importante de los últimos diez años ha sido, que el mundo todavía está lejos de un consenso ampliamente compartido sobre el contenido y sentido del concepto de la responsabilidad compartida.
Dicho de otra forma, pese a los esfuerzos por parte de la comunidad internacional, no existe hasta el día de hoy una definición política consensuada acerca de la responsabilidad global sobre qué hacer frente al problema del narcotráfico y de las drogas ilícitas. Siempre empleando la retórica de la responsabilidad compartida, el gobierno de Estados Unidos piensa y hace una cosa (por lo general enfocado en medidas represivas en los países productores y en casa); la Unión Europea y sus estados miembros hacen otra cosa (por lo general enfocado en una variedad de medidas dirigidas a controlar la oferta y la demanda que no necesariamente demuestran mucha coherencia entre sí y que en parte difieren de lo que proponen los americanos); y durante mucho tiempo América Latina no ha propuesto e implementado políticas propias que sean diferentes y más eficaces de lo que han sido los blueprints (en alguna medida mutuamente excluyentes) de la lucha contra las drogas diseñados en Norteamérica y Europa.
Es por eso que el trabajo de la CLDD realmente constituye un hito. Como he dicho arriba, el informe que la comisión presentó a principios del 2009 es el primer documento latinoamericano, y posiblemente del Sur globalizado, que de manera sistemática propone un debate sensato sobre la necesidad de buscar una salida a la perdida “guerra contra las drogas”, abriendo de esa manera la posibilidad de avanzar hacia la construcción de un concepto de la responsabilidad compartida que efectivamente sea compartido a escala global Obviamente, por ser sensata la propuesta de la CLDD no necesariamente tiene peso político. Para lograr que lo adquiera es necesario promover su importancia como base para una nueva y finalmente útil y verdaderamente compartida definición del concepto de la responsabilidad compartida en la lucha global contra el narcotráfico.
