Salud y Seguridad Pública: Dos bienes públicos complementarios en la lucha contra las drogas.
Por Juan Pablo Franco Jiménez |ADS|
En el departamento de Nariño, al sur de Colombia en la frontera con Ecuador, el pueblo indígena Awá ha sufrido más de tres masacres en lo corrido de 2009 a manos de bandas criminales de antiguos miembros de las autodefensas ilegales que ahora luchan contra las guerrillas (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y Ejército de Liberación Nacional ELN) por el control de la producción de cultivos y drogas ilícitas. Algunos miembros de esta comunidad indígena participan activamente en estas actividades ilegales y han sido declarados blancos militares en esta confrontación armada. En otros lugares de este país mueren ciudadanos en manos de grupos armados ilegales que financian con los ingresos provenientes del narcotráfico su aparato represivo y violento que incluye asesinatos, masacres, secuestro, extorsión, minas antipersona, desplazamiento forzado y otras violaciones masivas a los derechos humanos.
En los barrios populares de Rio de Janeiro, el control de este territorio urbano está en disputa por parte del Ejército y la Policía enfrentando bandas de narcotraficantes como el Comando Vermelho y Amigos dos Amigos que controlan las relaciones económicas y sociales de estos barrios, y enfrentan con armas pesadas al Estado de la misma manera que lo hacen en México el Cartel de Juárez, Tijuana, Sinaloa y otras bandas.
En otro lugar de Latinoamérica y desde Asuntos del Sur, La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia presidida por Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo piden reconocer el fracaso de la denominada guerra contra las drogas. Los expresidentes aciertan al relacionar la violencia con el narcotráfico y al pedir que se abra el debate sobre las estrategias para enfrentar este flagelo. Sin embargo, esta loable empresa corre el riesgo habitual de caer en la falsa dicotomía entre las políticas de seguridad y represión y las políticas de salud y prevención.
Por alguna razón, el debate sobre las drogas ilícitas ha sido planteado dentro de un marco que influye en la manera de analizar otros debates de política pública, especialmente en Latinoamérica tal vez por su pasado nefasto de dictaduras militares. Este marco de pensamiento considera que cualquier esfuerzo que el Estado haga en seguridad y defensa representa una reducción de los esfuerzos en otros sectores de política, sobretodo en las políticas sociales. En este sentido se han planteado las discusiones sobre excesivo gasto militar, calculando el número de niños que pueden estar en una escuela si no se comprara un nuevo helicóptero Blackhawk y como un país con pobreza no puede gastar en la guerra sino en su gente con los gritos de “No más guerra, queremos más gasto social!”.
Pero, en qué momento fue que estas inversiones se consolidaron como gastos perfectamente excluyentes? Porqué es que nunca hemos oído gritos igual de enardecidos que digan “No más educación, queremos más salud para los pobres!” o “No más carreteras, queremos más acueductos!”? En qué momento se consolidó la idea de que se debe escoger entre seguridad e inversión social y no se puede tener ambas al mismo tiempo?
El éxito del debate planteado por Cardoso y compañía sólo puede ser exitoso en la medida que se supere esta falsa dicotomía y se logre movilizar a la opinión pública para que exija “No más drogas, queremos más represión y prevención, más seguridad y salud pública!”.
Es claro que el Estado debe hacer grandes gastos en seguridad para garantizar el control de territorios que, como en el caso de Colombia, han sido históricamente muy difíciles de controlar y donde han prosperado actividades ilícitas que incluyen el contrabando, la trata de personas y el narcotráfico, y que dependen de aparatos violentos para mantener estas actividades. Para esto debe incrementarse el presupuesto de seguridad pública y la eficiencia de este gasto. Pero también es claro que, al mismo tiempo, debe incrementarse el presupuesto de salud pública y la eficiencia de este gasto para prevenir el consumo y tratar a aquellos individuos que sufren la enfermedad de la adicción a drogas ilícitas, tal y como se hace con alcohólicos y fumadores.
Esto equivale a un inmenso desafío político y fiscal para movilizar el apoyo de la ciudadanía que se materialice en votos y nuevos impuestos. Las sociedades latinoamericanas deben reconocer la necesidad de mantener la capacidad de disuasión y coerción de las fuerzas legítimas del Estado bajo la estrategia de represión de la producción en todos los eslabones de la cadena. Simultáneamente, deben reconocer la necesidad de fortalecer políticas de salud pública, prevención y tratamiento de las adicciones a estupefacientes. Ambas acciones implican mayores impuestos para financiar estas estrategias complementarias para producir resultados en el largo plazo.
Por supuesto, es en este momento cuando los ciudadanos mostrarán su reticencia. Tal vez en este momento la gran mayoría de consumidores de drogas ilícitas, que lo hacen por placer esporádicamente y no padecen una enfermedad, empezarán a reconocer los costos sociales que tiene su conducta que financia la violencia e inseguridad, y que afecta la vida y libertad de miles de individuos que no tienen ninguna relación con las drogas ilícitas en un caso letal de fumador pasivo (second hand smoke).
Mientras esto sucede, el Estado deberá usar su habilidad política para impulsar estrategias de represión a la producción con estrategias simultáneas de prevención y tratamiento al consumo avanzando en la provisión de dos bienes públicos que, en el debate de la lucha contra las drogas, han sido erróneamente presentados como excluyentes: seguridad y salud.
